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Acostumbrado
a que la oposición coma en su mano -algún día habrá que contar las
servidumbres e hipotecas que conllevan las subvenciones de las Cortes a
los grupos parlamentarios- el presidente de la Junta no encaja nada
bien las preguntas incómodas que muy de cuando en vez se ve obligado a
responder. Fue el caso de la que en la sesión plenaria de ayer le
realizó el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Alejandro Valderas,
a propósito de los frecuentes varapalos judiciales de que es objeto la
Administración Autonómica. Para Valderas, que cuantifica en mas de 200
las sentencias contrarias recibidas en los dos últimos años, tanta
reprobación judicial constata “que la Junta administra mal” y que
“engaña y desasiste” a los administrados.
Pero lo que mas irritó a Juan Vicente Herrera
fué que el procurador aderezara su intervención dejando caer que según
la última memoria del Consejo General de Poder Judicial existen en
Castilla y León 70 procedimientos judiciales abiertos por otros tantos
presuntos casos de corrupción. Una alusión que calificó como
“inadmisible”, poco menos que como si el dato se lo hubiera sacado
Valderas de la manga.
Por
lo demás, al presidente no parecen preocuparle los continuos revolcones
judiciales que recibe la Junta. Según él, la tasa de litigiosidad de la
Administración Autonómica es de 161 asuntos por 1.000 habitantes, por
debajo de la media nacional, que es de 191. Y desde 2002, año en el que
la comunidad autónoma asumió el antiguo Insalud y creó el Sacyl, el
Servicio Regional de Salud solo ha sido objeto de 2.525 demandas
judiciales. Así que ya saben, debemos felicitarnos del alto grado de
eficacia de los Servicios Jurídicos de la Junta y de los gabinetes
jurídicos privados (Garrigues y compañía) contratados “ad hoc” cuando se
considera preciso.
Definitivamente, la cúpula de alabastro del “mausoleo” lo soporta todo.
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