El PSOE pide a cajas y bancos que paralicen de forma inmediata los desahucios hasta que se modifique la legislación hipotecaria española

El secretario general del PSOE en Segovia, Juan Luis Gordo, consideró, hoy en rueda de prensa, “de obligado cumplimiento que se paralicen las órdenes de lanzamiento y ejecución hipotecarias, lo que además dará a la entidades una mayor seguridad jurídica ante el fallo del Tribunal de la UE”.

Juan Luis Gordo reclamó al Gobierno del PP que “modifique urgentemente las leyes hipotecaria y de enjuiciamiento civil, para proteger a los ciudadanos con más necesidades”. Recordó que en los seis primeros meses del año pasado, “más de 110 familias segovianas perdieron sus casas al encontrarse en una muy difícil situación económica”. “Es prioritario que lo antes posible el Partido Popular se ponga manos a la obra y cambie esta normativa injusta e insolidaria”, apuntó

Al tiempo, denunció que, “según testimonios de afectados segovianos que he recogido en las últimas semanas, las cajas en general están perjudicando a los afectados, sin ningún escrúpulo ni miramiento; más bien al contrario, los ‘estrujan’ económicamente en lugar de buscar una vía de salida a sus problemas”.

Hace unas jornadas, el secretario general de PSOE mantuvo un encuentro con segovianos que habían sufrido desahucios, quienes le transmitieron “dantescas situaciones en las que, como mínimo, las entidades bancarias están siendo poco respetuosos con ellos, teniendo en cuenta su difícil situación económica”.

Por el contrario, el secretario general del PSOE demandó a las entidades bancarias “que beneficiaron de un total de 40.000 millones de euros de dinero público para su recapitalización, más de 20.000 en el caso de Bankia, que busquen fórmulas para los afectados, como quitas o arrendamientos sociales; es justicia social que faciliten las cosas a los ciudadanos, de cuyos fondos, al fin y al cabo, recibieron el rescate económico”.

Sobre los arrendamientos sociales propuso esta fórmula “con pagos reducidos y sensatos que puedan hacer frente los ciudadanos afectados, para periodos de 50 años - dos por ciento de su valor- , con lo que se amortizaría la vivienda”.

Por último, Juan Luis Gordo pidió a los bancos y cajas “responsabilidad a la hora de realizar la valoración de sus riesgos”.