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Mientras el PSOE protagonizaba la trapisonda de Ponferrada, el PP de Castilla y León tampoco podía ocultar el monumental lío interno que tiene montado alrededor de la chapucera reforma de la Administración Local planteada desde el gobierno central. El anteproyecto salido del ministerio de Hacienda ha suscitado el rechazo de todos (la Junta, las Federaciones de Municipios y Provincias, los propios ayuntamientos...) pero, ojo, ni mucho menos por las mismas razones.
Todos están más o menos de acuerdo en cosas como defender la continuidad de las entidades locales menores (juntas vecinales) pero discrepan abiertamente sobre la “racionalización” de competencias que propone la Ley. Los ayuntamientos quieren deshacerse de los gastos de mantenimiento de los centros educativos, sanitarios y sociales gestionados por la Junta y, ésta, pese a ser la Administración titular de esas competencias, no quiere asumir dicha carga. Y este es un conflicto, y no pequeño, entre el gobierno Herrera y la propia Administración Local de la comunidad, que ya las han tenido tiesas -y volverán a tenerlas- con el no menos desdichado “modelo de ordenación territorial” promovido por la “factoría de ficción”, como llama Pedrouve a la consejería de la Presidencia.
Basta observar las posiciones del presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Fernando Martínez Maillo, para comprobar las insalvables diferencias entre la Junta y los ayuntamientos gobernados por su propio partido. O ver como arremete la voz de su conspiranoico amo contra el mismo Maillo o contra el presidente de la Federación Regional y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto. El conflicto está servido y va a ser de largo recorrido.





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