Los jueces de Segovia, en huelga contra los recortes, exigen castigar la corrupción y reformar la ley del indulto

Apenas una hora antes de que los jueces comparecieran ante los medios, los trabajadores de la Administración de Justicia se concentraban a las puertas del Palacio de Justicia de Segovia en apoyo a la protesta de los jueces y llamaban a la unidad, pese a sus diferencias.

Preguntados sobre este extremo, Carolina Otero, juez de lo Social encargada de leer el comunicado de los jueces, ha contestado que “sería totalmente deseable que existiera esa unidad. La Administración de Justicia es única”. En su jornada de huelga, los jueces y magistrados también han contado con el apoyo de varios abogados, con el decano del Colegio de Segovia a la cabeza.

Los cinco puntos principales establecidos por el comité de huelga son
los siguientes:


Primero: Que no se recorte la inversión publica en Justicia y se la
dote de medios personales y materiales suficientes para poder cumplir
con su misión esencial  de tutela de los derechos de los ciudadanos,
así como con el deber de investigar y en su caso castigar la comisión
de delitos, en especial de aquellos delitos relacionados con la
corrupción y el despilfarro de dinero público, que tanto enojan a la
sociedad y que requieren una respuesta judicial rápida y eficaz.

Segundo: Que se incremente la planta de órganos judiciales y de
fiscales para poder hacer frente de forma ágil a la demanda de
justicia de los ciudadanos. El régimen de sustituciones profesionales
establecidos recientemente sin incremento de plantilla ralentizará aún
más la justicia y puede provocar indeseadas suspensiones de vistas y
actuaciones judiciales  ya señaladas con retraso.

Tercero: Que los poderes públicos garanticen en todo momento la
independencia judicial y la independencia del CGPJ respecto del poder
político, dotando a dicho órgano de suficiente autonomía
presupuestaria y de actuación, en vez de la pretendida reforma del
mismo para dejarlo reducido a la nada.

Cuarto: Que no se limite el acceso a la Justicia de los ciudadanos a
través de tasas judiciales desproporcionadas como las recientemente
establecidas.

Quinto: Que se reforme la Ley del Indulto a fin de eliminar la
discrecionalidad y arbitrariedad políticas en el efectivo cumplimiento
de las condenas penales impuestas por los tribunales.