Súbito (e insuficiente) ataque de transparencia

A “El topillo”, que, al igual que Pedrouve, lleva semanas reclamando desde este blog el derecho ciudadano a conocer las retribuciones que perciben los altos cargos de la Junta y los procuradores de las Cortes, le hizo mucha gracia ayer el súbito ataque de transparencia que sufrieron algunos de ellos. Es el típico ejemplo de eso que se llama hacer de la necesidad virtud.

El primero en emprender la carrera fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quién a temprana hora de la mañana pidió por escrito a las Cortes que habilitaran el procedimiento correspondiente para que sus declaraciones de renta y patrimonio estén a disposición del público. Un gesto un tanto tardío después de que Mariano Rajoy anunciara eso mismo el pasado sábado y que desde el partido se instará a hacer lo propio a los presidentes autonómicos.

Poco después, los 29 procuradores socialistas y los ocho “liberados” del grupo parlamentario popular se manifestaban en el mismo sentido, lo mismo que el procurador de IU, José María González. Y todos echando la culpa al Reglamento de las Cortes de la falta de transparencia mantenida hasta el momento.

“El topillo” se ha tomado la molestia de consultar ese Reglamento y no está nada de acuerdo en que se le utilice como excusa para justificar la opacidad. Es más: El Reglamento otorga expresamente carácter público al Registro de Bienes e Intereses de los procuradores, con la única restricción del apartado referente al Patrimonio. Por lo tanto, no hace falta ninguna reforma del Reglamento para dar a conocer las actividades y rentas de los parlamentarios autonómicos. Basta con hacer lo que se va a hacer ahora: Habilitar el procedimiento para su consulta directa en el “mausoleo”. Y tampoco hay que reformar nada para adoptar el acuerdo de colgar en la página “web” dicha información, como hacen el Congreso y el Senado.

Por lo tanto, lo de ayer es completamente insuficiente. Ese ejercicio de transparencia debe extenderse a todos los altos cargos de la Junta y de las demás instituciones autonómicas. ¿Qué pasa, por cierto, con los otros 44 procuradores del PP que siguen sin darse por aludidos?

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