'Caso Navicoas': 11 ex consejeros de Caja Segovia denuncian a Manuel Agudíez, Óscar Varas y Atilano Soto por la descapitalización de la caja por una deuda tributaria

Todo surge cuando el Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel de Vicente, detecta que no existe una correspondencia entre los acuerdos del Consejo y las Actas redactadas por el Secretario de Actas Fernando Tapias y refrendadas por el que fuera Presidente Atilano Soto; y se niega a suscribirlas. “Las actas contienen información que no se ajusta a la facilitada al consejo de administración, y acuerdos que no se adoptaron”, declaran los firmantes.

Su disconformidad con su contenido es, por tanto, el eje sustancial de la formulación de la denuncia ante el Ministerio Fiscal; y viene promovida por la lectura profunda de las mismas realizada por el secretario del consejo, Miguel Angel de Vicente que fue quién detectó  en un primer momento, las irregularidades negándose a dar su aprobación.

Una vez solicitadas las actas con los acuerdos de Consejo al Secretario de Actas, el señor Tapias, los consejeros son, por primera vez, informados que las reuniones del consejo de administración de la Caja eran grabadas sin su conocimiento. Curiosamente solo aparece la última de ellas de 17 de julio de 2012..

Los ex consejeros de Caja Segovia, declaran en el escrito remitido a la Fiscalía que “se consideran manipulados ya que los acuerdos adoptados relativos a la financiación de una deuda tributaria de Navicoas Asturias S.L. por un importe de 6.864.611,04 €  y su situación concursal, les había sido ocultada;  y el gravamen del edificio del Torreón de Lozoya con ocasión de tal deuda había sido ejecutado sin acuerdo expreso del consejo, por quién fuera su Presidente el Sr. Atilano Soto Rábanos, y extralimitándose además en sus condiciones.”

Los denunciantes de las presuntas irregularidades afirman que  “el pago de dicho importe correspondiente al acta de conformidad suscrito entre Navicoas Asturias, S.L. y la AEAT, al cuál no hemos tenido acceso, efectuado por Caja Segovia a través del préstamo hipotecario del Torreón de Lozoya, únicamente debió realizarse con el propósito oculto de que sus administradores de derecho vinculados a esta entidad, los Sres. Varas de la Fuente y Agudíez Calvo eludieran sus respectivas responsabilidades no solo tributarias y mercantiles –como administradores de derecho de la citada sociedad de la que no rendían cuenta- sino también las posibles responsabilidades penales en que pudieron incurrir por la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública, del cuál ni hemos sido conscientes ni hemos participado en modo alguno.”

Los firmantes declaran en su escrito que “además, al parecer se nos grababan, sin mencionarlo, las reuniones de consejo, con propósitos espurios puesto que en otro caso habríamos sido informados de tal grabación a la que ninguno nos hubiéramos negado; y, conocidas estas, cuando han sido necesarias para comprobar el contenido de las reuniones y de los acuerdos adoptados, estas habían desaparecido; encontrándonos con que solo la última nos ha sido entregada ante la evidencias.”