La Fiscalía abre investigación penal al ver indicios de delito en la gestión de Segovia 21

La sociedad Segovia 21, a través de su Administrador Único, Javier de la Orden, y los accionistas institucionales de la misma (Cámara de Comercio y Diputación Provincial, a través de sus respectivos Presidentes Don Pedro Palomo y Don Francisco Vázquez), presentaron recientemente al Ministerio Fiscal el contrato que esta sociedad mantenía desde el inicio de sus actividades en 2002 con Fomento Territorial.

Después de la revisión de la documentación de la sociedad analizada desde que el Consejo de Administración de Segovia 21 nombrara Administradora Única a la sociedad Verae, se procedió a presentar al Ministerio Fiscal el contrato suscrito por la sociedad con FT y sus respectivas prórrogas, para que sea este quien determine si han existido o no algún tipo de irregularidades de índole penal y sus eventuales responsables.

Según de la Orden, la administración de Segovia 21 “hemos detectado un posible exceso en los pagos realizados a FT con respecto a los inicialmente previstos en el contrato.  Además la suma de pagos resulta, según nuestro criterio, excesiva y se encuentra en parámetros que podrían estar fuera de mercado”.

Asimismo, de la Orden consideró que debe ser el Ministerio Fiscal quien determine “ si como consecuencia de dicho contrato puede haberse incurrido en algún ilícito, tratándose de recursos de una sociedad participada por instituciones públicas; y se ha solicitado la apertura de "diligencias informativas" para el esclarecimiento de estos hechos”.

UPyD pide que se investigue también la pérdida de un millón de euros de la Diputación

Tras conocer la noticia, Unión Progreso y Democracia (UPyD). en una nota de prensa, considera muy positivo que se inicie una investigación para determinar la existencia de responsabilidades penales en lo relativo a Segovia 21 “pero no solo en lo concerniente a su contrato con Fomento Territorial sino también con la denuncia formulada por UPyD ante el Presidente de la Diputación por la pérdida de un millón y medio de euros y las responsabilidades que pudieran tener en ello todos los miembros del anterior Consejo de Administración”.


El grupo político liderado por Rosa Díez a nivel nacional relata en su nota cómo en junio de 2012, tras realizar un análisis contable exhaustivo con los datos que constan en el Registro Mercantil referidos a la actividad de la Sociedad Segovia 21 hizo público el grave detrimento económico causado a la Diputación Provincial como consecuencia fundamentalmente de una dación en pago aprobada por el Consejo de Administración que en ese momento estaba encabezado nuevamente por Atilano Soto. “Tal operación redundó en un único beneficiario, la Sociedad Segóbrida del Eresma, y un gran perjudicado, la Diputación Provincial de Segovia y por tanto los Segovianos”, sostiene.

En ese mismo mes de Junio, UPyD dio traslado del análisis contable elaborado por Unión Progreso y Democracia al Presidente de la Diputación con el ruego de que informara sobre él al Secretario y al Interventor, y le instaron al cese inmediato y sin indemnización de Atilano Soto (Consejero Delegado) y Jesús Sánchez (Consejero y Apoderado) así como a la renovación de todo el Consejo de Administración de Segovia 21.

A día de hoy, la formación magenta sigue considerando que no se han tomado las medidas adecuadas para explicar el detrimento económico causado a la Diputación de Segovia ni para que se depuren responsabilidades. Y ante ello, está valorando la posibilidad de sumarse a la acción legal iniciada por la Fiscalía y en todo caso aportar los informes elaborados sobre esta cuestión por parte de Unión Progreso y Democracia.

Por último, recalca que “en los órganos de dirección de Caja Segovia, de Segovia 21 y en la propia Diputación Provincial se repiten los mismos nombres vinculados todos ellos a los partidos políticos de uno y otro lado. Es otro ejemplo del daño que ha hecho y sigue haciendo a los ciudadanos la parasitación de las instituciones por parte de la clase política”.