El PSOE pedirá que la Diputación se pronuncie sobre la Reforma de la PAC y la desaparición de la Cámara Agraria

Para José Luis Aceves la institución que representa los intereses provinciales debe apoyar al sector agroganadero ante los retos de futuro que supone la reforma de la PAC, ya que no podemos olvidar que para la provincia es estratégico, ya que la renta agraria supone aproximadamente un 11,5 % del PIB provincial y mantiene un nivel de ocupación considerable cercano a los cuatro mil activos y, por lo tanto, con un horizonte de futuro muy importante.

Aceves reclama una posición negociadora fuerte del Gobierno de España para conseguir un Política Agraria Comunitaria reforzada en el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020, manteniendo los fondos actuales.

Defiende la potenciación del sector agrario y su blindaje en Europa, como base de la alimentación de los ciudadanos europeos, en un nivel que no provoque una dependencia externa, que haga desestabilizar los mercados y los precios al consumidor.
Los socialistas pedimos que la nueva PAC dirija sus esfuerzos en  conseguir que la actividad agraria sea una actividad rentable por sí misma, mejorando la competitividad y rentabilidad de las explotaciones.

“Debemos reclamar a la Consejera de Agricultura, la segoviana Silvia Clemente y al Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que se tengan en cuenta las peculiaridades del sector en la provincia, la importancia de las ayudas al sector ganadero, el mantenimiento de la cuota láctea, que no se trasvasen más fondos al segundo pilar de la PAC, solucionar el problema de la morosidad, garantizar que los precios de venta estén por encima de los costes de producción propiciando la viabilidad de las explotaciones”, aseveró Aceves.

Mostró su apoyo a la definición de “agricultor activo” como la de aquellos agricultores y ganaderos que ejercen la actividad agraria como principal y, por lo tanto, reclamó que debería de incorporarse como tal en la reforma de la PAC.

Finalmente consideró de capital importancia dotar de mayor  protagonismo y atractivo a la incorporación y al mantenimiento de  los jóvenes en el sector, así como reconocer el papel de las mujeres, como elementos claves de la modernización del medio rural.

La Cámara Agraria Provincial y nueve empleos en peligro

El Portavoz Socialista en la Diputación explicó que, después de conocer la reducción de la aportación de la Consejería de Agricultura al presupuesto de la Cámara Agraria Provincial de Segovia en un 70 %, lo que pone en peligro su pervivencia y la eliminación de nuevos puestos de trabajo en la provincia, desde el PSOE no podemos permitir la desaparición de este servicio para el medio rural, para los agricultores y ganaderos y, por ello, pedimos al Presidente de la Diputación y al grupo del PP apoyo para corregir esta situación.

“En la provincia la Cámara Agraria tiene una oficina central y ocho oficinas comarcales, que dan servicio a las 264 juntas agropecuarias locales que en la actualidad se encuentran constituidas en Segovia, así como nueve trabajadores”, explicó Aceves.

Si la Cámara Agraria no recibe de la Consejería de Agricultura las cantidades necesarias para el mantenimiento de sus infraestructuras y personal, la viabilidad de las mismas no es posible y por lo tanto los servicios que prestan a las Juntas Agropecuarias Locales se verán perjudicados, aseguró Aceves.

Recordó que el acuerdo de financiación de las Cámaras con la Junta permitía mantener un trabajador de la Cámara por cada 35 juntas agropecuarias locales, por lo que actualmente se está incumpliendo desde enero del presente año. Además conviene recordar que en nuestra provincia el ratio se eleva a  más de un trabajador por 40 juntas agropecuarias locales.

El conocimiento que la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, tiene la realidad provincial, debería ayudar a lograr la solución satisfactoria de la problemática referida, por lo que instó a Silvia Clemente a solucionar el problema y a salvar los nueve empleos.

El cobro del IBI en los bienes inmuebles no destinados a culto

El diputado provincial Alberto Serna anunció la presentación de una moción para que los municipios puedan cobrar el IBI a la iglesia católica y otras confesiones religiosas. La fiscalidad es el mejor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos; es la manera más directa de contribuir a la cohesión social. La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos los ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

Defendió que necesitamos un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos suficientes para prestar y sostener los servicios públicos que demandan los ciudadanos.

“Especialmente en la actual situación de crisis económica, las instituciones públicas, y en especial los ayuntamientos, deben contar con mayores recursos para poder atender a los que peor lo están pasando.

Alberto Serna afirmo que no es serio que Rajoy le pida a los Ayuntamientos, a través de un Real decreto (RDL 20, de 30 de diciembre de 2011) que suban el IBI entre el 4% y el 10% a los ciudadanos e instituciones y que defienda que la Iglesia católica y otras confesiones religiosas sigan sin pagarlo.

Alberto Serna explicó que la propuesta socialista en la Diputación pasa por instar al Gobierno de España a presentar una Ley de Libertad y Conciencia Religiosa que modifique, entre otras,  la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y una revisión de los Acuerdos del Reino de España con la Santa Sede, vigentes desde 1979, que permitan el cobro del IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto.

También proponemos la realización de un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica, de otras confesiones religiosas y de otras entidades con el objeto de proceder a la actualización posterior del Padrón de Bienes Inmuebles de todos los municipios y  posibilitar así girar el IBI,  a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto, explicó Serna. “En la actual situación económica, no parece razonable que la Iglesia permanezca exenta del esfuerzo que se está pidiendo a todos los ciudadanos”, concluyó Serna.