El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha presidido en la mañana de este lunes una reunión de la Comisión Territorial de Asistencia al delegado del Gobierno, en la que se han establecido las pautas de actuación y coordinación de los servicios de la Administración General del Estado (AGE) durante la jornada del próximo jueves, 29 de marzo, para la cual hay convocada una huelga general.
En la reunión, además de los subdelegados del Gobierno en las nueve provincias de la Comunidad, que la integran, han participado los responsables máximos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía- y de Protección Civil.
El objetivo fundamental del operativo diseñado por la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno es que durante la jornada de paro en la sociedad de Castilla y León se pueda compatibilizar el ejercicio de los derechos constitucionales a la huelga y a la asistencia al puesto de trabajo, así como garantizar a los ciudadanos sus servicios esenciales.
De este modo, la presencia de la Policía y la Guardia Civil será más acentuada de lo habitual en los centros del transporte, de enseñanza, sanitarios, asistenciales y de distribución de productos de primera necesidad, así como en los polígonos industriales y en las sedes de los medios de comunicación social.
Para la jornada de huelga, se han establecido unos servicios mínimos que afectan al 11,3% de los empleados públicos de las dependencias que engloba la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Robos en explotaciones agropecuarias
Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Asistencia se ha incidido nuevamente en la preocupación existente sobre los robos que se vienen registrando en explotaciones agropecuarias y en viviendas de las zonas rurales de la Comunidad, y, en este sentido, además del compromiso del delegado del Gobierno de desarrollar el plan de seguridad especial en el medio rural que ya se inició el pasado año y cuya aplicación incrementó la presión sobre los ladrones y delincuentes, se ha subrayado la necesidad de mantener canales de información permanentes entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, para tratar de erradicar el problema.





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