El PSOE apoya el pago a los acreedores si no supone un negocio para los bancos y la ruina para los Ayuntamientos

Los socialistas valoramos positivamente el propósito del Real Decreto Ley 4/2012 de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales  de establecer mecanismos para facilitar el pago de la deuda que mantienen los ayuntamientos con los proveedores. El voto del PSOE será favorable en la convalidación del Real Decreto-Ley en el Congreso pero solicitaremos que se tramite como Proyecto de Ley con el objeto de modificar algunos de los aspectos que éste regula, anunció José Luis Aceves.

El objetivo de la medida debe ser beneficiar a los proveedores a los que se les debe y a los Ayuntamientos que pagan, pero en ningún caso pueden ser los bancos los que finalmente saquen rédito de la difícil situación económica y financiera por la que están pasando los ayuntamientos y las empresas.

SI al objetivo planteado por el gobierno pero con importantes objeciones al método

Aceves apunta que a la hora de priorizar el pago no puede ser que la “quita” planteada por la norma, que supone que si una empresa renuncia al cobro de parte de la deuda se le abonará con más facilidad, sea un criterio prevalente  para pagar unas facturas antes que otras, ya que se debe tener en cuenta que son las PYMES y los autónomos los que deberían prevalecer a la hora de priorizar los pagos y, por lo tanto, habría que establecer mecanismos para que las quitas que propone el Real Decreto no perjudiquen a las empresas más pequeñas frente a las empresas que tienen mayor capacidad financiera.

Además, la deuda con las empresas contratadas para la prestación de servicios públicos esenciales y las retribuciones pendientes de abonar al personal prestador de dichos servicios deben también prevalecer a la hora de abonar las facturas, aseguró Aceves.

Para el Portavoz Socialista otro aspecto fundamental que debe recoger la normativa se refiere a que el plazo de amortización del préstamo no debe ser inferior a los diez años, que debe haber un periodo de carencia de dos años y que los intereses no pueden estar muy alejados del 1% al que el Banco Central Europeo ha prestado dinero a los entidades bancarias  europeas.

Las competencias que el Real Decreto-Ley atribuye a los interventores municipales deben ser revisados ya que es lógico que el protagonismo de la negociación y de la definición de los Planes de Ajuste de las entidades locales  deban recaer sobre el Alcalde o Alcaldesa, máximo/a responsable del Ayuntamiento y en los órganos que establece la Ley con el objeto de garantizar la Autonomía Local prevista en el artículo 140 de la Constitución y el cumplimiento del principio de responsabilidad, dejando el papel del Interventor para la emisión de los preceptivos informes, aseveró Aceves.

El problema de la deuda a proveedores en mayor o menor medida afecta a una gran parte de los ayuntamientos de nuestra provincia y por tanto el rigor y la objetividad deben ser los criterios que prevalezcan a la hora de analizar la situación en la que se encuentra cada ayuntamiento.

La deuda contraída por los Ayuntamientos está agravada en muchos casos por el impago de la deuda de otras administraciones (Comunidades Autónomas principalmente, aunque también algunas Diputaciones Provinciales…). Los socialistas proponemos que todas ellas sean incorporadas a los planes de pago con el objeto de aumentar la autonomía financiera de los ayuntamientos a la hora de definir sus planes de ajuste.

Asimismo es imprescindible una nueva Ley de Haciendas Locales que resuelva la cuestión de fondo derivada de una falta de financiación adecuada a los entes locales. Los socialistas dejamos el trabajo hecho y estamos, también en esto, dispuestos a colaborar para sacarlo adelante, explicó Aceves.

Por último una cuestión de formas, pero no por ello menor: el diálogo con la FEMP máximo representante de los Ayuntamientos es necesario y por ello requerimos al Gobierno que inicie los contactos  para escuchar las propuestas del municipalismo.