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LocalPP: "El Gobierno Municipal hace oídos sordos al ruido de Segovia"

EN EL PASADO PLENO, EL PSOE VOTÓ CONTRA UNA MOCIÓN DEL PP PARA QUE SE APLICARA LA LEY DEL RUIDO EN SEGOVIA

PP: "El Gobierno Municipal hace oídos sordos al ruido de Segovia"

Zoquejo | 72 Miércoles, 15 de Febrero de 2012 Tiempo de lectura:

El informe anual del Defensor del Ciudadano ha vuelto a poner de manifiesto que el ruido derivado del ocio nocturno continúa estando a la cabeza de las preocupaciones de los segovianos. Así lo atestigua el amplio número de quejas que los ciudadanos han trasladado al Defensor a lo largo del último año.

Del mismo modo, estos días hemos conocido también por el informe del procurador del Común que para este año está previsto un estudio de la contaminación acústica derivada de las celebraciones populares. Sin embargo, el Gobierno municipal socialista que encabeza Pedro Arahuetes parece estar al margen de una realidad que tiene en vilo a determinadas zonas de la población, donde la situación ha llegado a adquirir tintes dramáticos en alguna que otra ocasión.

Este desapego del Ayuntamiento de Segovia a una problemática tan evidente alcanzó el pasado 31 de enero, en el transcurso del último Pleno municipal, su cota más preocupante, con el rechazo del grupo municipal socialista a la moción presentada por el Partido Popular, que emplazaba al Ayuntamiento a cumplir todos y cada uno de los presupuestos recogidos en la Ley del Ruido de junio/2009, aprobada por la Junta de Castilla y León hace ya casi tres años. Afortunadamente, el apoyo de Izquierda Unida permitió sacar adelante la propuesta, pero mucho nos tememos que acabe en un cajón, teniendo en cuenta el pasotismo que el gobierno socialista de Arahuetes ha demostrado en este asunto durante sus sucesivos mandatos.

A estas alturas, cuando la Policía Local y el Defensor del Ciudadano han recibido cientos de  quejas, la mayoría procedentes de vecinos que lo único que demandan es que el Ayuntamiento garantice su derecho al descanso y su seguridad, el alcalde Arahuetes debería saber que la Ley del Ruido recoge en su artículo 6.1 que es función de las corporaciones locales la elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales necesarias para el desarrollo y la aplicación de la propia norma, la cual dota claramente a los municipios de competencias para controlar y actuar en materia de contaminación acústica.

Voto en contra a la moción presentada por el grupo municipal popular

A pesar de ello, en una flagrante omisión de sus funciones, el Ayuntamiento ha preferido hacer oídos sordos y mirar para otro lado, dejando el desarrollo de la ley varado y a los ciudadanos  indefensos ante un problema cada vez más extendido. Estos ciudadanos deben saber que el Gobierno de Arahuetes no ha mostrado hasta el momento la más mínima intención de atajar y controlar el ruido nocturno. Y como prueba, el botón del voto en contra de los concejales socialistas a la moción presentada por el grupo municipal popular. Este hecho pone de relieve que Arahuetes gobierna de espaldas a los intereses de los ciudadanos, que no vela por el cumplimiento estricto de uno de los derechos fundamentales más sagrados -el derecho al descanso- y que ignora que los ayuntamientos, tal y como establece la ley, están dotados de todas las competencias para intervenir en materia de ruidos. Todavía el gobierno soc ialista no ha elaborado ni un solo mapa del ruido y ha dejando aparcadas las búsquedas y respuestas a estos problemas.

El Grupo Municipal Popular es sensible al problema de la contaminación acústica, ocasionada mayoritariamente por el ocio nocturno y el llamado botellón como así subraya el informe del Defensor del Ciudadano, extendido ya por distintas zonas de la ciudad.

Por todo ello, los concejales populares deseamos que el alcalde tome conciencia, escuche las quejas de sus vecinos, y ponga fin a una situación compleja, es cierto, pero incómoda para todos,  y para ello una vez más, el Grupo Municipal Popular se pone a su entera disposición en la búsqueda de soluciones y propuestas, porque Segovia lo necesita.


(Ver adjunto el informe de 2011 del Defensor del Ciudadano)

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