El PSOE propone estudiar si Segovia reúne los requisitos para ser declarada zona residencial tensionada

La iniciativa reclama a la Junta de Castilla y León que analice el mercado local de la vivienda ante el encarecimiento del alquiler, aunque la declaración dependería del cumplimiento de los requisitos legales

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Segovia una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León que estudie la posible declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.

La propuesta no supondría la declaración inmediata de Segovia como zona tensionada ni permitiría al Ayuntamiento adoptarla por su cuenta. La competencia corresponde a la Administración autonómica, que tendría que iniciar el procedimiento, analizar el mercado residencial y acreditar mediante datos objetivos que se cumplen las condiciones establecidas en la Ley estatal de Vivienda.

 

El PSOE justifica su iniciativa en el encarecimiento experimentado por el alquiler durante los últimos años. Según los datos manejados por el grupo socialista, los precios de oferta habrían aumentado cerca de un 83 % en tres años y medio. Se trata de una cifra aportada por el propio partido, que debería ser contrastada dentro del estudio que reclama a la Junta.

 

La portavoz socialista, Clara Martín, sostiene que encontrar una vivienda a un precio asumible se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad, especialmente para los jóvenes que quieren emanciparse, las familias y las personas que se trasladan a Segovia por motivos laborales.

 

Qué supondría iniciar el procedimiento

La moción pide que la Junta, con la participación del Ayuntamiento, examine la evolución de los precios del alquiler, el porcentaje de ingresos que las familias destinan a la vivienda, la oferta residencial disponible, el número de inmuebles vacíos y la incidencia de los alquileres turísticos y temporales.

 

También solicita que la Administración autonómica informe al Consistorio, en un plazo máximo de seis meses, sobre el posible inicio del procedimiento, los datos empleados y las conclusiones alcanzadas.

 

La Ley por el derecho a la vivienda establece que una zona puede recibir esta consideración cuando se acredite, entre otras circunstancias, que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, junto con los suministros básicos, supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares. También puede justificarse cuando el precio de compra o alquiler haya crecido durante los cinco años anteriores al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado de la comunidad autónoma.

 

Por tanto, la evolución del precio anunciada por el PSOE puede ser un indicio de tensión, pero no sustituye la memoria técnica ni demuestra por sí sola que Segovia cumpla todos los requisitos. Será necesario conocer qué fuentes se utilizan, qué periodo se analiza y cuál es el esfuerzo económico real de los hogares.

 

Si finalmente se aprobara la declaración, tendría inicialmente una vigencia de tres años y obligaría a elaborar un plan específico para corregir los desequilibrios detectados. También podría permitir la aplicación de determinados mecanismos de contención de rentas, mayores obligaciones de información para los grandes propietarios y medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible.

 

La decisión, en manos de la Junta

El PSOE pide al alcalde, José Mazarías, que apoye la moción y reclame a la Junta el inicio del estudio. Sin embargo, la posición del Gobierno municipal y de la Administración autonómica deberá conocerse durante la tramitación de la propuesta.

 

El debate no debería limitarse a decidir si se acepta o se rechaza una etiqueta. La cuestión de fondo es si las administraciones están dispuestas a recopilar y publicar información precisa sobre el mercado residencial de Segovia y, a partir de ella, adoptar medidas concretas.

 

La declaración de zona tensionada puede ofrecer algunas herramientas, pero tampoco constituye por sí sola una solución completa. La falta de vivienda asequible exige combinar diferentes actuaciones: aumentar el parque público, movilizar viviendas vacías, favorecer el alquiler estable, estudiar el impacto de los usos turísticos y facilitar nuevas promociones sin perder suelo público.

 

Protección para las viviendas del antiguo parque de bomberos

En este contexto, el Grupo Socialista también presentará una enmienda relacionada con las 56 viviendas previstas en la parcela municipal del antiguo parque de bomberos, que será cedida a SOMACYL.

 

El PSOE propone garantizar que estas viviendas mantengan permanentemente su protección pública y que se estudie la posibilidad de destinarlas total o parcialmente al alquiler asequible. También reclama analizar las líneas de financiación del Plan Estatal de Vivienda antes de cerrar definitivamente el modelo de promoción.

 

La petición plantea una cuestión relevante: qué garantías existirán para evitar que unas viviendas construidas sobre suelo municipal terminen incorporándose en el futuro al mercado libre. Corresponderá al Gobierno municipal explicar las condiciones de la cesión, la duración de la protección y las alternativas estudiadas.

 

La moción socialista abre así un debate necesario, pero su aprobación sería únicamente el primer paso. Después llegarían los estudios, la decisión de la Junta y, sobre todo, las medidas concretas. Porque diagnosticar que el acceso a la vivienda es un problema resulta relativamente sencillo; lo difícil es acordar soluciones eficaces, financiarlas y convertirlas en viviendas realmente asequibles.