La Plataforma contra la mina pide a la Junta “hectáreas cero” y la denegación de todos los proyectos mineros de ERIMSA en el Nordeste de Segovia

El colectivo denuncia que la mina sería visible desde el entorno de Confloenta, uno de los principales enclaves arqueológicos de la comarca, justo cuando las administraciones invierten en su musealización y en un modelo de turismo sostenible.

La Plataforma contra la mina en el Nordeste Segoviano ha presentado nuevas alegaciones al proyecto de explotación minera a cielo abierto “Segundo San Blas B” —Zona Noreste—, promovido por ERIMSA entre Barbolla y Sotillo, y pide a la Junta de Castilla y León una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable y la denegación del proyecto.

 

El colectivo reclama, además, que la Junta deniegue también el proyecto “Segundo San Blas A” —Zona Norte—, expediente 925-10.2, presentado en 2024 y aún pendiente de Declaración de Impacto Ambiental, así como cualquier nuevo proyecto que ERIMSA pretenda impulsar en el Nordeste de Segovia.

 

El mensaje de la Plataforma es claro: “hectáreas cero”. “El Nordeste de Segovia ya ha hablado. No queremos esta mina, ni la anterior, ni la siguiente. Queremos seguir siendo una comarca viva, agraria, ganadera, patrimonial y turística. Nuestra forma de vida no puede sacrificarse durante 30 años —o más— por una sucesión de explotaciones privadas de cuarzo a cielo abierto”, señala Marisa Moro, portavoz de la Plataforma.

 

La Plataforma recuerda que el proyecto actualmente en información pública afectaría a 257 hectáreas de superficie explotable, con una duración prevista de 30 años, maquinaria pesada, camiones, cribado, polvo, ruido y transformación del suelo agrícola. A ello se suma el proyecto pendiente 925-10.2, con más de 400 hectáreas adicionales, y el conjunto de derechos mineros de ERIMSA en la comarca.

 

A juicio del colectivo, el proyecto actualmente en información pública ya es, por sí solo, una amenaza grave para el territorio: 257 hectáreas explotables, 30 años de actividad, maquinaria pesada, camiones, polvo, ruido y transformación de suelo agrícola. Pero, además, no puede analizarse como un caso aislado, porque forma parte de una sucesión de derechos y proyectos mineros de ERIMSA sobre la misma comarca.

“Una sola mina a cielo abierto ya sería incompatible con la forma de vida del Nordeste de Segovia. Y lo que tenemos delante es todavía más grave: varios proyectos sucesivos que, si se tramitan por separado, ocultan el impacto real sobre los pueblos, los caminos, el paisaje, la salud, el agua, la agricultura, la ganadería, el patrimonio y el turismo”, advierte la Plataforma.

 

Una mina frente al modelo de comarca que se está construyendo

Uno de los puntos centrales de las alegaciones es la contradicción entre el proyecto minero y la apuesta pública por el turismo sostenible, la agricultura, la ganadería, el patrimonio cultural y la fijación de población.

La Plataforma subraya que el Nordeste de Segovia lleva años tratando de consolidar un modelo basado en el paisaje, los pueblos, los caminos rurales, la tranquilidad, el patrimonio histórico, el turismo de naturaleza, el astroturismo y la actividad agraria y ganadera. “No se puede pedir a la comarca que emprenda, que rehabilite, que cuide el paisaje, que apueste por el turismo rural y por el patrimonio, y al mismo tiempo permitir una mina a cielo abierto que degrada precisamente todo eso”, denuncian.

 

En este sentido, la Plataforma destaca el caso de Confloenta, la ciudad romana situada en Duratón, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del Nordeste segoviano. Las administraciones públicas están invirtiendo en su consolidación y musealización para convertirlo en un recurso cultural, educativo y turístico de primer orden. Sin embargo, desde el entorno de Confloenta podría percibirse la transformación del paisaje asociada a la explotación minera: maquinaria, camiones, polvo, pistas y movimientos de tierra durante décadas.

 

“Es una contradicción difícil de explicar: se invierte dinero público en poner en valor uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la comarca y, a la vez, se tramita una mina visible desde su entorno. Confloenta no es solo un conjunto de restos arqueológicos; su valor está también en el paisaje histórico que la rodea”, afirma Marisa Moro.

El colectivo considera que autorizar la explotación supondría “desvalorizar con una decisión administrativa lo que otras políticas públicas intentan proteger con fondos europeos, estatales, autonómicos y provinciales”.

 

Salud: trabajadores con EPI, vecinos sin evaluación sanitaria suficiente

Las alegaciones también ponen el foco en la salud pública. La Plataforma recuerda que el propio expediente reconoce la generación de polvo mineral y la presencia potencial de sílice cristalina respirable, un agente clasificado como cancerígeno para humanos.

 

“El proyecto contempla protección para los trabajadores, como mascarillas FFP3, pero no estudia con el mismo rigor la exposición de los vecinos, agricultores, ganaderos, niños, personas mayores o usuarios de caminos”, señalan. Para la Plataforma, esta diferencia es clave: “La salud laboral y la salud pública no son lo mismo. Los trabajadores tienen EPI, controles y vigilancia. Los pueblos no”.

 

El colectivo denuncia que no consta una evaluación específica de impacto en salud pública ni mediciones reales de sílice cristalina respirable en el entorno habitado del proyecto. Además, recuerda que el propio Estudio de Impacto Ambiental admite que el polvo puede transportarse a más de 1.000 metros, mientras existen núcleos y edificaciones próximas al área de explotación.

 

“Si el polvo obliga a proteger a quienes trabajan allí, la Junta debe preguntarse qué pasa con quienes viven, pasean, cultivan, llevan ganado o transitan por el territorio durante 30 años”, advierte la Plataforma.

 

Suelo agrícola, agua y restauración: “no se restaura una finca con sembrar hierba”

Otro de los ejes de las alegaciones es la afección al suelo agrícola. Según la Plataforma, el proyecto no actúa sobre un terreno baldío, sino sobre un paisaje agrario productivo. El propio expediente clasifica los suelos afectados como arables y reconoce que la actividad puede destruir la estructura del suelo, sus condiciones hidrológicas y su biodiversidad.

 

“Una finca no es solo una superficie que se excava, se rellena y se siembra. Un suelo agrícola tiene estructura, fertilidad, drenaje, microorganismos, historia de manejo y valor productivo. No se restaura una finca con sembrar hierba”, resume el colectivo.

 

La Plataforma considera especialmente grave que el Plan de Restauración se base en actuaciones muy simples y en un seguimiento limitado a un año, insuficiente para garantizar que las tierras recuperen su productividad, su drenaje y su funcionalidad agraria. También advierte del riesgo de compactación, encharcamientos, alteración de niveles, pérdida de fertilidad y deterioro irreversible de suelos que han sostenido durante generaciones la agricultura y la ganadería de la comarca.

 

En materia de agua, las alegaciones señalan que el proyecto se sitúa en un territorio con balance hídrico negativo, que no se han medido de forma suficiente las aguas someras en el emplazamiento y que no queda claro el origen, volumen y autorización del agua necesaria para la planta de beneficio y el abatimiento de polvo.

 

Biodiversidad: especies protegidas y un estudio de fauna insuficiente

La Plataforma también denuncia que el estudio de fauna del proyecto se basa en una única campaña de campo realizada en septiembre, fuera del periodo principal de reproducción de especies agrarias y esteparias. Para el colectivo, esto impide conocer adecuadamente el uso real del territorio por aves como el aguilucho cenizo, el sisón, el cernícalo primilla, el milano real, el alimoche u otras especies protegidas.

 

Las alegaciones recuerdan que el propio expediente cita especies de alto valor de conservación en el entorno, incluidas aves esteparias, rapaces, murciélagos, nutria y lobo. También advierten de que el área forma parte de un mosaico agrario con valor ecológico, conectado con cauces y espacios naturales como las riberas del Duratón.

 

“No se puede estudiar la biodiversidad de una comarca agraria mirando solo un mes de septiembre de hace tres años y concluir que no hay problema. El campo cambia con las estaciones, y precisamente las especies más sensibles necesitan estudiarse en primavera, en reproducción, en migración y en invernada”, apunta la Plataforma.

 

Camiones, caminos y vida diaria en los pueblos

La Plataforma advierte además del impacto del tráfico pesado sobre caminos agrícolas, carreteras locales y calidad de vida. La explotación implicaría el paso reiterado de camiones y maquinaria durante años, con efectos sobre el polvo, el ruido, la seguridad vial, el deterioro de caminos, los accesos a fincas y la convivencia con el uso agrícola, ganadero, vecinal y turístico.

 

“El coste no puede recaer sobre los pueblos. Los caminos rurales no están pensados para convertirse en infraestructura minera durante décadas”, señala el colectivo. Las alegaciones reclaman que no se puede autorizar una actividad privada que deteriora infraestructuras públicas sin una evaluación completa y sin garantías suficientes.

 

“No somos una zona de sacrificio”

La Plataforma insiste en que el Nordeste de Segovia no puede ser tratado como una zona de sacrificio para una actividad extractiva cuyos beneficios principales no permanecen en la comarca.

 

“El argumento de la despoblación no puede utilizarse para justificar cualquier cosa. Precisamente porque somos una comarca rural necesitamos proteger lo que nos permite vivir aquí: el suelo, el agua, el paisaje, los caminos, la salud, el patrimonio, el turismo, la agricultura y la ganadería”, afirma Marisa Moro.

 

Por ello, la Plataforma pide a la Junta de Castilla y León que escuche a los vecinos, a los ayuntamientos, a las entidades sociales y a la Diputación, que ya se han posicionado contra la minería extensiva a cielo abierto en el Nordeste de Segovia.

 

“Durante estos años, miles de personas han presentado alegaciones. Si no hubiera sido por esa movilización, probablemente la mina ya estaría extrayendo. Ahora volvemos a decirlo con claridad: no queremos una mina mejor maquillada; queremos que se deniegue este proyecto, el anterior que sigue pendiente y cualquier intento posterior sobre estos mismos derechos mineros. Hectáreas cero”, concluye la portavoz de la Plataforma.

 

Petición a la Junta de Castilla y León

La Plataforma solicita que se emita una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable y que se deniegue la autorización del proyecto “Segundo San Blas B” —Zona Noreste—expediente 925-20, por no quedar acreditada su compatibilidad con la salud pública, el suelo agrícola, las aguas, la biodiversidad, el paisaje, el patrimonio cultural, las infraestructuras, el turismo sostenible y el modelo de vida del Nordeste de Segovia.

 

Asimismo, reclama que la Junta de Castilla y León emita también una resolución desfavorable para el proyecto “Segundo San Blas A” —Zona Norte—, expediente 925-10.2, presentado en 2024 y pendiente de Declaración de Impacto Ambiental, y que no autorice futuros proyectos mineros de ERIMSA sobre los derechos que mantiene en el Nordeste de Segovia.

 

La Plataforma pide, además, que las administraciones valoren la protección del Nordeste segoviano frente a la minería extensiva a cielo abierto, mediante los instrumentos de ordenación territorial, ambiental, patrimonial y paisajística que resulten procedentes.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 18 de junio. Por ello, la Plataforma hace un llamamiento a vecinos, propietarios, agricultores, ganaderos, asociaciones, colectivos y personas que quieren defender el futuro del Nordeste de Segovia a participar en esta fase de información pública. En la web de la Plataforma —contralaminaenelnordestedesegovia.wordpress.com— puede consultarse información sobre el proyecto, modelos de alegaciones y documentación de apoyo para presentarlas.