Los errores administrativos no pueden convertirse en una condena para las familias vulnerables

El Colectivo IMV Afectados y Afectadas denuncia la situación de miles de personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital ante las reclamaciones de reintegros.

El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha emitido un comunicado oficial tras la negativa del Gobierno de España a aceptar las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en relación con los reintegros del Ingreso Mínimo Vital.

La entidad considera que la situación que atraviesan miles de familias vulnerables en todo el país es “moral, social y políticamente insostenible”, al estar muchas de ellas sometidas a reclamaciones económicas derivadas, según denuncian, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos que consideran profundamente injustos.

El colectivo advierte de que estas reclamaciones están empujando a familias ya empobrecidas a situaciones límite, con casos de embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso riesgo de pérdida de vivienda.

En el comunicado, el Colectivo IMV Afectados y Afectadas recuerda que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar los perjuicios detectados sobre miles de familias vulnerables. Sin embargo, lamentan que el Gobierno haya decidido rechazar dichas recomendaciones.

La organización subraya que el Ingreso Mínimo Vital nació como una herramienta para combatir la pobreza y la exclusión social, pero denuncia que, para muchas personas, se ha convertido en una “trampa burocrática” de la que no pueden escapar.

“No se puede construir un discurso de protección social mientras se obliga a familias vulnerables a devolver cantidades imposibles años después, muchas veces sin información clara, sin capacidad real de defensa y soportando las consecuencias de fallos administrativos ajenos”, señalan en el comunicado.

El colectivo exige responsabilidad política, humanidad y voluntad real para corregir esta situación. Además, reclama al PSOE que rectifique su postura, acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y registre de forma urgente una reforma legislativa de la Ley del Ingreso Mínimo Vital que elimine la retroactividad punitiva de las revisiones y garantice seguridad jurídica a las familias afectadas.

También pide al resto de fuerzas políticas que no utilicen el sufrimiento de las personas afectadas como arma partidista y que impulsen iniciativas legislativas concretas para proteger jurídicamente a quienes perciben el IMV.

“Porque la protección social no puede convertirse en una condena. Porque ningún sistema de protección social puede sostenerse sobre el miedo de quienes dependen de él para sobrevivir”, concluye el comunicado.