Operación “Ammonium”: Investigada una empresa en Segovia por vertidos industriales ilegales al río Pirón

El SEPRONA ha investigado a una persona física y a otra jurídica en relación a los hechos.

La Guardia Civil, a través del SEPRONA de la Comandancia de Segovia, ha puesto en marcha la operación “Ammonium” para investigar a una persona física y a una empresa del sector SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La investigación cuenta con la colaboración de la Fiscalía Provincial, el Juzgado de Cuéllar, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Junta de Castilla y León.

Detección de vertidos incontrolados

Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2025 tras detectarse irregularidades en la estación depuradora de la industria investigada. Los agentes comprobaron que las instalaciones estaban anegadas por una sustancia espumosa que rebosaba de forma continua de uno de los depósitos, vertiéndose directamente sobre el terreno sin impermeabilizar.

Este vertido alcanzó la zona de servidumbre del río Pirón, llegando incluso a generar un caudal artificial en el cauce, que en ese momento se encontraba seco. El agua presentaba una coloración oscura, formación de costras y restos grasientos adheridos a las márgenes del río.

Daños graves al medio ambiente

El personal del SEPRONA y técnicos de la CHD realizaron tomas de muestras tanto de suelo como de agua. Los análisis posteriores, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y el Laboratorio de Aguas del organismo de cuenca, han acreditado que los parámetros del vertido superaban con creces los límites autorizados. Estos hechos han sido calificados como un riesgo grave para el medio ambiente y un daño severo al Dominio Público Hidráulico.

Consecuencias penales

Los responsables se enfrentan a penas recogidas en el Código Penal que, para el tipo básico de este delito, oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión. No obstante, en su modalidad agravada, las condenas pueden alcanzar los cinco años de cárcel, además de multas económicas de hasta 24 meses e inhabilitaciones especiales para el ejercicio de la profesión de hasta tres años.