La ONU reactiva las exigencias a España sobre infancia y tauromaquia

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha reclamado a España medidas concretas para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia de los espectáculos taurinos, tras examinar la problemática objeto de uno de los informes que fueron presentados por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y en el que se alertaba del persistente incumplimiento de las recomendaciones internacionales formuladas en 2018.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado a España a adoptar medidas concretas y efectivas para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la exposición a la violencia en espectáculos taurinos, una práctica que continúa permitiéndose en el país pese a los riesgos acreditados para su bienestar y desarrollo integral.

Durante las sesiones de evaluación celebradas en Ginebra los días 21 y 22 de enero, el Comité examinó el grado de cumplimiento de España de la Convención sobre los Derechos del Niño y cuestionó reiteradamente a la delegación estatal sobre el incumplimiento de las Observaciones formuladas en 2018, en las que ya se instaba a proteger a la infancia frente a este tipo de violencia, calificada por el propio Comité como una “práctica nociva”.
Entre la documentación oficial sobre áreas de incumplimiento con el tratado internacional analizada por el Comité, éste ha analizado el informe presentado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alerta del persistente incumplimiento por parte de España de dichas recomendaciones. 

El informe de CoPPA documenta cómo la exposición de niñas y niños -tanto en calidad de asistentes como incluso partícipes- a la violencia de espectáculos taurinos sigue siendo legal e incluso fomentada en España, a pesar de los peligros para la integridad física de los menores y la evidencia científica sobre las negativas repercusiones que la exposición a la violencia tiene en el desarrollo emocional, psicológico de la infancia.

Varios miembros del Comité expresaron de forma explícita su preocupación por los efectos que esta exposición a la violencia tiene sobre niñas, niños y adolescentes, y reclamaron a España información detallada sobre las medidas adoptadas para impedirlo y garantizar una protección efectiva conforme a la Convención.

Así, Suzanne Aho, miembro del Comité, señaló: “Tienen ustedes varios programas de lucha contra la violencia, pero la paradoja es que la legislación [española] no prevé ningún límite para prohibir a los niños que accedan a las plazas de toros o a los centros de formación de tauromaquia. Este aspecto de la violencia, que tiene mucha influencia en las mentes de los niños, ¿cómo se está abordando? ¿qué se está haciendo para proteger a la infancia? Porque ver tanta sangre, la muerte de tantos animales, temo que esto pueda afectar a su salud mental”.

En respuesta, la delegación española manifestó que el Gobierno tiene la intención de restringir el acceso de menores de edad a espectáculos violentos con animales a través de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

En este contexto, CoPPA señala que ya en septiembre de 2024 presentó aportaciones formales al proceso de reforma de la LOPIVI, incluyendo la propuesta expresa de prohibir el acceso y la participación de niñas, niños y adolescentes en eventos y espectáculos públicos que impliquen violencia orquestada y organizada, como es el caso de la tauromaquia. En dichas aportaciones, la Coordinadora subrayó la obligación del Estado español de dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de situar el interés superior del menor por encima de consideraciones culturales, económicas o tradicionales.

La evaluación en curso refuerza la exigencia internacional de que España adopte medidas legislativas y administrativas claras para erradicar la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia en espectáculos taurinos, en coherencia con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección integral de la infancia.