UGT Servicios Públicos denuncia que el último convenio del programa de Madrugadores provoca una situación laboral desigual entre los trabajadores

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha informado hoy en rueda de prensa que no ha firmado el convenio autonómico de ‘Madrugadores’ porque “no está de acuerdo con las condiciones retributivas ni laborales que ha presentado la patronal”. Así lo ha manifestado el secretario general de la federación, Tomás Pérez Urueña, quien lo considera “un paso atrás para los trabajadores de este servicio”.


Tras señalar que este convenio autonómico ampara a tres servicios ofertados por la Junta de Castilla y León, los de ‘Madrugadores’, ‘Transporte’ y ‘Conciliamos’, han denunciado el agravio comparativo que se producido entre ellos, durante una negociación que se ha dilatado más de un año.


Así, desde UGT SP se planteó el reconocimiento de la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales y el derecho a disponer de un día de asuntos propios para los trabajadores de los tres servicios, “algo a lo que no íbamos a renunciar a lo que la empresa se negó en redondo”.


En este sentido, el agravio comparativo entre servicios es evidente porque, según han manifestado los portavoces de la federación en las declaraciones a medios, mientras que la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales se reconoce en el programa de ‘Transporte’, no existe ni en ‘Madrugadores’ ni en ‘Conciliamos’. Respecto al día de asuntos propios, se reconoce para ‘Transporte’ y ‘Madrugadores’, pero no para conciliamos.
Ante esta situación, se da la paradoja de que una misma persona que trabaje en los tres servicios desempeñando las mismas funciones, tendrá categorías distintas en un mismo día, y que tenga derechos distintos según el programa en el que esté.


Por eso, según Tomás Pérez, desde UGT SP CyL se “denuncia la complicidad de la Junta en la avaricia de estas empresas”, a la que acusa de “cambiar el derecho que parece que da a las familias por un negocio por unas empresas”. Ha sido tajante al manifestar que no se pueden “vender” los servicios públicos a costa de los trabajadores porque “sus derechos no son el eje de ninguna campaña publicitaria”.

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