El Colectivo IMV denuncia que el PP utilizó nombres de dos integrantes sin permiso en una nota de prensa tras rechazarse su comparecencia en el Congreso

El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha denunciado públicamente que el Partido Popular incluyó los nombres de dos de sus integrantes, Leire Ahedo y Pepa Burriel Rodríguez Diosdado, en una nota de prensa emitida el 15 de mayo de 2025 sin su consentimiento previo. La comunicación, firmada por el portavoz popular Miguel Tellado, anunciaba que “el PP abrirá las puertas del Congreso a las víctimas del Ingreso Mínimo Vital”.

Según el colectivo, ni las afectadas ni la organización fueron informadas de que sus datos iban a hacerse públicos. Tras solicitar explicaciones al Partido Popular, aseguran que la respuesta ha sido “silencio absoluto”.

La Mesa del Congreso había rechazado previamente la solicitud

La revisión del Acta de Acuerdos de la Mesa del Congreso, concretamente en las páginas 166 y 167, revela que:

• El 8 de mayo de 2025, el Partido Popular registró formalmente la solicitud de comparecencia de las dos integrantes del colectivo.

• El 13 de mayo, la Mesa del Congreso respondió negativamente a la petición.

• El 15 de mayo, Miguel Tellado difundió la nota de prensa anunciando la comparecencia.

Es decir, dos días antes de la publicación de la nota, el PP ya sabía que la comparecencia no había sido admitida a trámite.

Fuentes del colectivo interpretan que el rechazo de la Mesa se debe a un “defecto de forma”, y critican que “cualquier excusa es válida para mantenernos silenciadas”. Además, afirman no tener constancia de que el Grupo Parlamentario Popular haya vuelto a solicitar una comparecencia ajustada a los requisitos formales para permitir que sus integrantes sean finalmente escuchadas.

Denuncian los efectos del Ingreso Mínimo Vital

El Colectivo IMV aprovecha para recordar los problemas que, aseguran, siguen generando la gestión y aplicación del Ingreso Mínimo Vital: reclamaciones de cobros indebidos, errores administrativos, menores con deudas y situaciones en las que las familias “acaban pagando por trabajar”. Consideran que la prestación dista de cumplir su objetivo de garantizar ingresos mínimos y que, en muchos casos, está agravando la vulnerabilidad económica de los beneficiarios.