La Federación de Baloncesto reclama al Ayuntamiento de Segovia 133.000 euros por el torneo femenino y desata un nuevo enfrentamiento político

Un torneo internacional femenino de selecciones celebrado en julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado vuelve a colocar al Ayuntamiento de Segovia en el centro de la polémica. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha presentado una reclamación patrimonial y reclama al Consistorio 133.100 euros por los gastos asumidos para la celebración del triangular entre España, Australia y Canadá. El asunto ha enfrentado públicamente al PSOE y al grupo municipal del PP, que ofrece una versión distinta sobre la tramitación y la solución prevista.

La portavoz del PSOE municipal, Clara Martín, denunció en rueda de prensa que el equipo de Gobierno del PP, encabezado por el alcalde José Mazarías, antepuso “la foto y la publicidad” al cumplimiento de la normativa administrativa, lo que dejó el torneo celebrado sin contrato, sin expediente y sin fiscalización por la Intervención municipal. Según Martín, esta gestión irregular obligó a la FEB a adelantar la totalidad de los gastos —parquet homologado, canastas, pantallas, sonido, climatización, desplazamientos y alojamiento de las selecciones, además de personal técnico y arbitral— que luego fueron justificados ante el Ayuntamiento.

La federación remitió facturas por un total de 166.000 euros el 20 de diciembre de 2024, de las que 133.100 euros corresponden al canon pactado con el Ayuntamiento. Ante la demora en el pago, la FEB presentó formalmente una reclamación de responsabilidad patrimonial el 22 de julio de 2025; en paralelo, el alcalde firmó el 8 de septiembre de 2025 un decreto en el que, según los socialistas, reconoce la existencia de un compromiso verbal y por correo electrónico para abonar esa cantidad, así como la ausencia de contrato y la actuación de la federación “de buena fe” al adelantar los gastos por la urgencia transmitida por responsables municipales.

Para el PSOE, el reconocimiento municipal no exonera a la alcaldía de responsabilidad política ni administrativa: Clara Martín exigió la comparecencia inmediata del alcalde y del concejal de Deportes en comisión informativa, la intervención de la Intervención municipal para valorar responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas y la elaboración de un protocolo de control y transparencia que impida la repetición de improvisaciones en eventos de esta envergadura. Martín calificó el caso como el “Caso Balón de Humo”, y advirtió del daño reputacional causado a Segovia ante federaciones y deportistas.

Frente a estas acusaciones, el Grupo Popular municipal rechazó las críticas del PSOE y calificó la denuncia de intento de “magnificar” una situación ya conocida por todos los grupos. En un comunicado, los concejales del PP explican que las divergencias entre departamentos administrativos impidieron rubricar el contrato antes de la celebración y aseguran que el gasto y la fórmula de cobertura fueron comunicados y tratados en comisiones informativas y en pleno, donde —afirman— se aprobó la modificación presupuestaria que incluía la partida.

El equipo de Gobierno añade que existe una partida económica equivalente al coste del torneo y que la solución adoptada será la liquidación mediante el expediente de responsabilidad patrimonial que está actualmente en tramitación. El PP subraya además que mantiene un “contacto fluido” con la FEB y que la federación exige únicamente el pago del valor acordado, sin reclamaciones de intereses o daños.

La cronología de los hechos, según se ha expuesto públicamente, arranca con contactos iniciados en febrero de 2024 entre el Ayuntamiento y la FEB; el 28 de mayo de 2024 el concejal de Deportes remitió un correo en el que comprometía la inclusión de la financiación en el pleno del 31 de mayo y anunciaba la firma del contrato en junio. En el pleno del 31 de mayo se aprobó una modificación presupuestaria por 135.000 euros, pero, denuncian los socialistas, no se llegó a formalizar el contrato ni a completar el control administrativo necesario antes de que se celebrara el torneo entre el 22 y el 24 de julio.

La FEB, por su parte, en su escrito de reclamación patrimonial atribuye el perjuicio económico a la “negligente y defectuosa actuación” de los servicios municipales, que habría generado un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento al aprovecharse de la organización del evento sin asumir el pago pactado. El documento federativo —citada por el PSOE— sostiene que la federación actuó “de buena fe” ante la urgencia transmitida por los responsables municipales y que aportó todas las justificaciones requeridas para tramitar el abono.

Con las posiciones enfrentadas públicamente, el conflicto se traslada ahora al terreno administrativo y político: la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial determinará si el Ayuntamiento debe abonar los 133.100 euros reclamados; a la vez, la oposición exige responsabilidades políticas y la fiscalización de la adecuada tramitación del gasto público.

A corto plazo, las claves pendientes son la comparecencia en comisión informativa reclamada por el PSOE, la valoración de la Intervención municipal sobre posibles irregularidades y la resolución del expediente, que, según el PP, permitirá saldar la deuda sin más reclamaciones añadidas. Mientras tanto, la polémica deja a Segovia con una factura económica y con un debate sobre la gestión administrativa de grandes eventos y las garantías de transparencia en la contratación pública.