El Espinar plantea ceder la gestión técnica del agua tras el vaciado del embalse de El Tejo; las dudas sobre “privatización” y el coste para los vecinos persisten

El Ayuntamiento de El Espinar ha salido al paso de las acusaciones de haber decidido privatizar el servicio del agua y ha presentado su explicación oficial: la titularidad del servicio seguirá siendo municipal, pero se propone una gestión indirecta mediante concesión, es decir, que una empresa especializada se encargue de la explotación técnica y operativa bajo la supervisión del Consistorio.

La medida, según el equipo de gobierno, responde a problemas de abastecimiento derivados del vaciado del embalse de El Tejo —una obra de la Confederación Hidrográfica del Duero— que ha puesto de manifiesto la “fragilidad” del sistema actual y la necesidad urgente de inversiones.

«El agua seguirá siendo pública. Lo que cambia es la forma de gestionarla, para garantizar su calidad, sostenibilidad y modernización», ha declarado el alcalde Javier Figueredo, que defiende la concesión como una fórmula para ejecutar inversiones sin aumentar la deuda municipal ni comprometer otras partidas presupuestarias.

¿Qué plantea exactamente el Ayuntamiento?

Según el comunicado municipal, el argumento técnico que sustenta la propuesta es doble: por un lado, la gestión actual está “ineficiente y fragmentada” —parte del servicio recae directamente en el Ayuntamiento y otras funciones, como la facturación, se realizan mediante contratos externos (por ejemplo, con Aquona)—; por otro, existen necesidades de inversión inmediatas en redes, contadores, depósitos, filtrado y sistemas de telecontrol que el presupuesto municipal no puede asumir sin poner en riesgo otros servicios.

El estudio encargado por el consistorio propone también una actualización de tarifas del 24% (equivalente al IPC acumulado desde 2018). El ejemplo que facilita el Ayuntamiento: una vivienda que paga actualmente unos 28 € trimestrales pasaría a abonar 34,7 € trimestrales —es decir, 6,7 € más cada tres meses (aprox. 2,24 € al mes).

Lo que el Ayuntamiento ofrece como garantías

Para evitar suspicacias, el Ayuntamiento subraya varias condiciones:

• la titularidad municipal del servicio y la potestad del Consistorio para aprobar tarifas mediante ordenanza;

• la existencia de mecanismos de control y seguimiento del contrato, con auditorías y revisiones periódicas;

• la obligación de la empresa adjudicataria de realizar las inversiones comprometidas y respetar estándares de calidad;

• y el objetivo explícito de lograr un servicio “más eficiente, transparente y seguro”.

Dudas y críticas que permanecen abiertas

Pese a las garantías ofrecidas, la propuesta plantea preguntas relevantes que siguen sin respuesta pública y explicita:

• ¿Qué empresa o qué tipo de empresa se elegiría? El coste y el riesgo dependen en buena medida de la entidad adjudicataria y de las condiciones contractuales.

• Plazos y cláusulas del contrato. Longitudes de concesión largas, cláusulas de revisión de tarifas automáticas o limitaciones para la gestión municipal posterior pueden convertir una concesión en una transferencia de control de facto.

• Mecanismos concretos de supervisión. Auditorías y revisiones periódicas son buenas enunciaciones; falta saber quién las realizará, con qué independencia y qué sanciones habrá por incumplimiento.

• Protección de los consumidores vulnerables. ¿Habrá bonificaciones o tramos sociales para hogares con dificultades económicas?

• Alternativas analizadas. ¿Se han evaluado modelos de mejora interna (reforzar el servicio municipal), fórmulas de cooperación supramunicipal o el acceso a ayudas regionales o fondos para la modernización sin concesionar?

• Transparencia del proceso. ¿Se hará un concurso público competitivo y abierto, y habrá audiencia pública o participación ciudadana antes de tomar una decisión definitiva?

Son precisamente estas lagunas las que alimentan la percepción entre parte de la población de que una “concesión” puede acabar siendo, en la práctica, una forma de privatización funcional del servicio.

Privado vs. concesión: matices que importan

El Ayuntamiento acierta al recordar una distinción legal básica: la privatización implica la venta de la titularidad (la propiedad del recurso o de la infraestructura), mientras que una concesión es una fórmula de gestión que mantiene la titularidad pública pero encarga la operación a un agente privado. Sin embargo, en la práctica, la experiencia en otros municipios muestra que los detalles del contrato —duración, revisiones tarifarias, cláusulas de rescisión y control— determinan si la población mantiene un control efectivo sobre el servicio o si, por el contrario, queda supeditada a intereses privados durante años.

El escenario inmediato: el embalse y la urgencia de inversiones

El vaciado del embalse de El Tejo es el incentivo inmediato de la propuesta: la necesidad de reservas suficientes y medidas estructurales para evitar cortes de suministro. Esa urgencia puede justificar planes rápidos, pero también exige máxima transparencia en las decisiones financieras y técnicas para no convertir una solución coyuntural en un problema estructural mayor.

Conclusión: decisión técnica, impacto político y necesidad de garantías

La propuesta del Ayuntamiento de El Espinar plantea una respuesta práctica a problemas reales: modernizar infraestructuras y asegurar abastecimiento en un episodio de riesgo hidráulico. Pero la discusión no puede limitarse a la eficacia técnica: es legítimo que los vecinos exijan claridad sobre las condiciones contractuales, garantías de control democrático, mecanismos de protección social y alternativas públicas evaluadas.

Si la concesión se tramita, la forma en que se diseñen y publiquen los pliegos, cómo se controle el cumplimiento y cómo se proteja a los consumidores marcará si la medida se percibe como una gestión responsable o como una cesión que limita el control público sobre un servicio esencial. Mientras tanto, el Ayuntamiento tiene la oportunidad —y la obligación— de despejar las dudas con información concreta y procesos participativos que permitan a la ciudadanía valorar con datos y no con sospechas.