Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denuncia la campaña de acoso que sufren los agricultores titulares de pozos de riego, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denuncia la falta de información y criterio en una campaña de inspecciones que exige medidas correctoras sin especificaciones claras.

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha mostrado su preocupación ante las numerosas comunicaciones que están recibiendo estos días los titulares de pozos de riego, en las que la Consejería de Medio Ambiente les insta a implementar medidas correctoras para evitar el ahogamiento de fauna silvestre, sin ofrecer información clara sobre en qué consisten esas medidas ni sobre la normativa concreta que las sustenta.

 

Según denuncia la organización agraria, se trata de una campaña de inspecciones sobre el terreno iniciada por la propia Consejería de forma unilateral, sin haber informado previamente a los agricultores afectados ni haber consensuado criterios técnicos que puedan servir de orientación para aplicar la normativa.

 

En las cartas enviadas, se concede a los titulares de los pozos un plazo de cuatro meses para ejecutar las acciones correctoras, bajo la amenaza de posibles sanciones conforme a la Ley 26/2007. Sin embargo, no se detallan las soluciones exigidas, ni las dimensiones o características mínimas que deben reunir dichas instalaciones para ser consideradas seguras para la fauna silvestre.

 

“Estamos viendo cómo incluso agricultores que ya disponen de cerramientos perimetrales sólidos y de más de un metro de altura están recibiendo estos requerimientos, sin que se especifique qué más se les exige”, denuncian desde UCCL. Esta ambigüedad genera una gran incertidumbre en el sector, que no sabe qué modificaciones realizar ni a qué normativa atenerse para evitar sanciones.

 

La organización agraria reclama a la Consejería que antes de emprender este tipo de campañas se establezca un diálogo con el sector para consensuar unos criterios técnicos claros y homogéneos, que sirvan de referencia tanto para los agricultores como para los propios inspectores. “No puede ser que la legalidad dependa de la interpretación subjetiva de cada funcionario, ni que se impongan medidas sin explicar qué se considera adecuado”, señalan.

 

Por este motivo, la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha remitido un escrito al consejero de Medio Ambiente solicitando una aclaración urgente sobre las medidas mínimas exigibles y una ampliación de los plazos para poder acometerlas de forma razonable y eficaz, sin generar más inseguridad ni presión innecesaria sobre el sector agrícola.

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