IU reclama que las viviendas anunciadas por el Ayuntamiento sean públicas y de régimen de alquiler

El objetivo es evitar que la movilización de recursos públicos pueda dar lugar a posibles prácticas especulativas.

El Ayuntamiento de Segovia informó recientemente sobre la promoción de 417 viviendas con algún tipo de protección en diferentes sectores de la ciudad, de la mano de la empresa pública Somacyl. Según el anuncio, estas viviendas se destinarán a régimen de alquiler colaborativo, a la posibilidad de compra o a alquiler con derecho a compra, entre otras figuras y modelos. Las zonas donde se establecerán serán Las Lastras, el antiguo parque de bomberos y los barrios de ciudad y tierra de San Lorenzo.

Ante la movilización de recursos públicos para la construcción de viviendas, de las que se plantea la venta de una parte, el grupo municipal de Izquierda Unida reclama que estas futuras viviendas sean en su totalidad públicas y en régimen de alquiler.  La formación insta al Gobierno del PP a que no favorezca un modelo que ha demostrado ser parte del problema de la especulación inmobiliaria y en ningún caso de la solución.

La promoción más importante de estas viviendas se desarrollará en el sector de las Lastras, donde están previstas 260 viviendas. IU considera insuficiente este proyecto en concreto, ya que, recuerda, el Plan inicial de Las Lastras preveía más de 500.

Izquierda Unida muestra su oposición al modelo de viviendas protegidas en régimen de venta, ya que en el momento en que se traspasan a particulares dejan de ser públicas. La formación también rechaza que haya viviendas protegidas descalificables pasados “x” años, porque supone una derivación de recursos públicos a viviendas que en algún momento van a dejar de tener precios regulados. Además, se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que este tipo de inmuebles son objeto a menudo de fraude y especulación a través de su venta con “dinero negro” a un precio significativamente superior al pautado.

Izquierda Unida considera que avanzar hacia el derecho a la vivienda pasa por impulsar un parque público que garantice su acceso al conjunto de la ciudadanía y para eso es imprescindible que los recursos públicos se destinen exclusivamente a viviendas públicas no descalificables a perpetuidad, que no pierdan nunca la protección y, por tanto, el control público. Estas deben disponerse exclusivamente en régimen de alquiler, ya que es la única manera de garantizar que siempre van a ser de titularidad pública.

El grupo municipal reclama la gestión directa por parte de las administraciones públicas, como garante de que no se prime el beneficio económico a terceros y, por tanto, no haya especulación. El planteamiento en este ámbito es el mismo que IU defiende en torno a la educación o la sanidad pública: la vivienda es un derecho y no una mercancía.