Segovia en Marcha solicita un Pleno extraordinario para esclarecer la compatibilidad de cargos de la primera teniente de alcalde

El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde) ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Segovia para aclarar la situación de Rosalía Serrano, primera teniente de alcalde y concejala del Partido Popular, en relación con su presunta vinculación con varias empresas inmobiliarias.

Según ha explicado el portavoz de la formación, Guillermo San Juan, su grupo registró una pregunta formal el pasado 25 de abril dirigida al alcalde, José Mazarías, con el objetivo de conocer su postura sobre la posible incompatibilidad entre las funciones públicas de Serrano y su actividad privada. Sin embargo, aseguran no haber recibido respuesta hasta la fecha.

San Juan ha hecho referencia a informaciones publicadas recientemente por distintos medios de comunicación, en las que se indica que Serrano figura como administradora de al menos tres sociedades inmobiliarias, de acuerdo con datos recogidos en el Registro Mercantil. Esta circunstancia, de ser cierta y no haber sido declarada oficialmente, podría suponer una vulneración del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos.

Desde Segovia en Marcha alertan de que Serrano ha participado en votaciones y decisiones relevantes en materia de urbanismo y vivienda, ámbitos en los que estas sociedades podrían tener intereses directos. “Es imprescindible determinar si ha existido un conflicto de intereses que comprometa la imparcialidad y la transparencia en la gestión pública”, ha señalado San Juan, quien también ha recordado que la edil percibe un sueldo anual de 55.000 euros con cargo a los presupuestos municipales.

Ante esta situación, el grupo municipal ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario que analice los hechos, valore si se ha producido una ocultación de información y, en su caso, determine si existe alguna infracción legal o responsabilidad política.

Segovia en Marcha ha insistido en la necesidad de garantizar la transparencia institucional y la neutralidad en la toma de decisiones públicas, especialmente en cuestiones sensibles como el acceso a la vivienda. “Es fundamental que cualquier política urbanística se diseñe en función del interés general, no de posibles beneficios particulares”, ha afirmado San Juan.

La formación ha reiterado su compromiso con la vigilancia del cumplimiento normativo y ha manifestado su intención de seguir trabajando para que los representantes públicos actúen con plena transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.