La Comisión Europea advierte a España: no se puede cazar al lobo

La Unión Europea recuerda que solo puede autorizarse la caza si se acredita científicamente un estado de conservación favorable, algo que hoy no se cumple en España.
DIRUS y el Proyecto de Voluntariado para el Censo del Lobo exigen transparencia y denuncian los intentos de desacreditar el censo nacional promovido desde MITECO y basado en los datos de la propias CCAA.

La Sociedad Científica DIRUS y el Proyecto de Voluntariado para el Censo del Lobo denuncian que varias comunidades autónomas siguen autorizando matar lobos a pesar de la advertencia explícita de la Comisión Europea, que ayer recordó que solo pueden realizarse controles poblacionales de la especie si existe una evidencia científica clara de que su estado de conservación es favorable.  

La respuesta de la Comisión, remitida el 9 de julio a una pregunta parlamentaria de Podemos/Alianza Verde, subraya la necesidad de aplicar el principio de precaución y de someter cualquier medida letal a criterios científicos rigurosos y a un control exhaustivo, tal como establece la Directiva Hábitats y la jurisprudencia europea (sentencia C-436/22). España está ignorando ambos requisitos. 

En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) adelantó en junio los datos del nuevo censo del lobo en España, correspondiente al periodo 2021–2024 y basados en los datos de las propias CCAA para cumplir con los plazos del informe sexenal que debe enviarse a Bruselas antes del 31 de julio. Esta estimación poblacional confirma que el estado de conservación de la especie sigue siendo desfavorable, con 333 manadas identificadas, una distribución muy fragmentada, serios problemas de conectividad entre subpoblaciones, escasa variabilidad genética y elevada endogamia. 

Pese a ello, Cantabria, Asturias, La Rioja y Galicia han iniciado unilateralmente planes de “extracción” aleatoria de individuos, y Castilla y León ha anunciado que no aceptará el censo si los datos no se ajustan a sus demandas, lo que DIRUS y Proyecto de Voluntariado para el Censo del Lobo consideran un intento inadmisible de manipulación institucional ya que los datos, fundamentalmente, son suyos. 

“Estamos asistiendo a una persecución planificada del lobo sin respaldo legal ni científico. Las comunidades están autorizando muertes sin que exista un informe técnico que avale que la especie ha mejorado su estado de conservación. Y eso, según la normativa europea, es lisa y llanamente ilegal”, afirma Ángel M. Sánchez, director del Proyecto de Voluntariado para el Censo del Lobo y presidente de la Sociedad Científica DIRUS. 

Las organizaciones exigen transparencia total sobre el informe que España debe remitir a Bruselas y que los datos del censo no puedan ser modificados ni reinterpretados políticamente. “Nos preocupa que se intente invalidar un censo oficial por motivos económicos. No se puede modificar la realidad ecológica para autorizar muertes”, añade Sánchez. 

Además, recuerdan que el propio Defensor del Pueblo ha señalado indicios de inconstitucionalidad en la enmienda aprobada en marzo para retirar al lobo del LESRPE, por haberse tramitado en una ley ajena al medio ambiente y sin base científica previa. 

Aunque DIRUS y el Proyecto Censo Lobo defienden la protección total de la especie y están en contra de cualquier extracción, control o muerte de individuos, subrayan que incluso el marco legal vigente —que ya consideran insuficiente— impide las matanzas indiscriminadas que están teniendo lugar. 

“El lobo no es un problema ganadero ni una cuestión burocrática: es parte del patrimonio natural común y cumple un papel esencial en el equilibrio ecológico. Su persecución no solo vulnera la ley, sino que también contradice el mandato constitucional de conservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, tal y como recoge el artículo 45 de la Constitución Española”, concluye Ángel M. Sánchez.