El Colegio de Ingeniería Informática advierte del riesgo en la seguridad digital de la Junta de Castilla y León

El reciente robo de datos en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha evidenciado, una vez más, las graves carencias estructurales en materia de ciberseguridad que afectan al conjunto de la Administración autonómica.

El Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que advierte que los recientes incidentes relacionados con la seguridad de los sistemas públicos no son hechos aislados, sino el resultado de una carencia prolongada de estrategia, inversión y voluntad política en la gestión de los sistemas de información de la Administración autonómica.

Desde el Colegio se insiste en que una de las medidas más urgentes para revertir esta situación es la profesionalización del personal informático. En la actualidad, una parte significativa de este colectivo carece de la condición de funcionario, lo que les impide acceder a plazas clave en ámbitos como la seguridad de la información o la protección de datos. Aunque se han creado recientemente puestos como técnico de seguridad o delegado de protección de datos, su acceso está restringido exclusivamente a funcionarios de carrera, excluyendo a profesionales con formación especializada y experiencia acreditada que ya desempeñan esas funciones en la propia Administración.

El Colegio califica esta situación como “injusta y contraproducente”, al considerar que supone una pérdida de talento interno, debilita la organización y limita la capacidad de respuesta ante los desafíos de la transformación digital y la ciberseguridad.

A este problema se suma, según el comunicado, el incumplimiento generalizado del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), una normativa estatal de obligado cumplimiento para todos los sistemas de información del sector público. En la actualidad, solo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dirigida por una ingeniera informática— habría aplicado de forma rigurosa esta normativa. El Colegio considera que, de haberse implantado el ENS en el conjunto de la Junta, algunos incidentes de seguridad podrían haberse evitado.

“El tratamiento de la seguridad digital no puede seguir relegado a un plano técnico secundario ni depender de soluciones improvisadas o estructuras obsoletas”, advierte la entidad colegial. En este sentido, subrayan que la protección de los datos de la ciudadanía y la calidad de los servicios digitales requieren una respuesta política firme y sostenida.

Ante esta situación, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León exige al Gobierno autonómico:

• La adopción urgente de decisiones políticas que garanticen la seguridad, modernización y eficacia de los servicios digitales públicos.

• La funcionarización del personal informático, permitiendo el acceso de profesionales cualificados a plazas clave.

• La actualización de los perfiles profesionales en línea con las necesidades tecnológicas actuales, incluida la ciberseguridad.

• La aplicación efectiva del Esquema Nacional de Seguridad en todos los departamentos de la Junta.

Finalmente, el Colegio reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades autonómicas para diseñar e implementar políticas que refuercen la seguridad digital y coloquen la tecnología al servicio de una administración moderna, eficaz y respetuosa con los derechos digitales de la ciudadanía.