El Comité Europeo de Derechos Sociales admite a trámite la reclamación contra España por la ley del Ingreso Mínimo Vital

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha decidido admitir a trámite la reclamación colectiva presentada contra España por la ley del Ingreso Mínimo Vital. La decisión, adoptada en sesión plenaria el pasado 15 de mayo y hecha pública el 15 de junio, responde a la iniciativa del movimiento ATD Cuarto Mundo, que cuestiona la adecuación de esta normativa a varios artículos de la Carta Social Europea.

En concreto, el Comité revisará si la ley del Ingreso Mínimo Vital, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, es conforme a los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30, 31 y E de dicha Carta, especialmente en lo relativo a la compatibilidad con las rentas autonómicas.

Aunque el Comité ha decidido no adoptar medidas inmediatas —por considerar que no se han aportado datos suficientes que prueben la gravedad y extensión de los cobros indebidos reclamados por el gobierno—, sí se ha registrado un voto particular discrepante, que argumenta que la falta de datos no es atribuible a la organización reclamante, sino a la ausencia de información pública por parte del propio ejecutivo.

Desde ATD Cuarto Mundo, promotores de la reclamación, se valora esta admisión a trámite como un avance significativo de la movilización social contra la ley y un cuestionamiento a la narrativa oficial del Gobierno, especialmente tras las celebraciones recientes por el quinto aniversario de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital.

El Comité ha abierto ahora un plazo para que el Gobierno presente sus alegaciones, así como para que otras organizaciones sociales y sindicales lo hagan antes del próximo 14 de agosto de 2025, en aplicación del protocolo del Comité.

ATD Cuarto Mundo y las entidades colaboradoras insisten en que esta resolución debería llevar al Ejecutivo a reconsiderar su política de reintegros por cobros indebidos, cuya magnitud y consecuencias aseguran conocer de primera mano. Denuncian que estas prácticas están afectando gravemente a personas en situación de pobreza y que los daños que se están causando son irreparables.

La admisión a trámite supone únicamente el primer paso del procedimiento. Se prevé que pasen varios meses hasta que el Comité emita una decisión de fondo. Mientras tanto, las organizaciones sociales apelan a la responsabilidad del Estado para revisar y reformar la ley en favor de una política que ponga en el centro a las personas afectadas por la pobreza.