Las asociaciones LGTBI+ de Castilla y León reclaman apoyo político a una ley autonómica de protección de derechos

Las principales asociaciones LGTBI+ de Castilla y León han remitido una carta a los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas, así como a las Consejerías de Igualdad y Presidencia y al presidente de la Junta, solicitando el respaldo a la toma en consideración de una ley para la protección de los derechos de las personas LGTBI+ en la Comunidad. La iniciativa se votará este miércoles, 11 de junio de 2025.

La carta, firmada por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FECyLGTB+) y las asociaciones Chiguites LGTBI+ Palencia, Fundación Triángulo Castilla y León, Segoentiende, ATC Rainbow CyL y Chrysallis (asociación de familias de infancia y juventud trans), subraya la necesidad de contar con una normativa autonómica específica, que permita tanto garantizar derechos como desarrollar aspectos recogidos en la legislación estatal.

Las entidades firmantes recuerdan que Castilla y León es, a día de hoy, la única comunidad autónoma del Estado sin una ley propia que regule y proteja los derechos de las personas LGTBI+ y sus familias, lo que —afirman— constituye una forma de discriminación institucional en relación con el resto del país.

Además, advierten de que Castilla y León ocupa el sexto lugar a nivel nacional en número de incidentes y delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género, tanto en cifras absolutas como en relación a su población. Citan datos del INE que reflejan un aumento de estos delitos desde 2019, coincidiendo con la entrada de la ultraderecha en el parlamento autonómico.

Las asociaciones ponen el foco también en la singularidad del territorio, señalando la necesidad de una ley que contemple problemáticas específicas como la despoblación, el sexilio o las dificultades para acceder a servicios especializados en entornos rurales.

En su petición, subrayan que no existe ningún motivo razonable por el que los ciudadanos de Castilla y León no puedan disfrutar del mismo nivel de protección que en otras comunidades autónomas, por lo que reclaman la aprobación de una ley que garantice la igualdad real y efectiva de derechos para todas las personas, vivan donde vivan.