La oposición en bloque frena el intento del gobierno municipal de enterrar el caso del Paseo de la Navidad

La Comisión ordinaria de Cultura, a propuesta del PSOE, y con el apoyo del resto de los grupos, salvo el PP, acuerda dejar sobre la mesa el dictamen, dado que el Gobierno del alcalde Mazarías no ha acertado a explicar los pasos que se van a dar para defender los intereses del Ayuntamiento una vez se declarase nulo de pleno derecho el decreto de Alcaldía que autorizó el mercado navideño, la pista y el tren navideños.

La Comisión informativa de Cultura, de carácter ordinario, ha decidido dejar sobre la mesa el dictamen para declarar la nulidad del decreto que autorizó el mercado navideño, pista de hielo y trenecito de las navidades de 2023/2024. El acuerdo ha sido propuesto por el PSOE y respaldado por el resto de grupos, salvo el PP, que ha intentado dar carpetazo a este asunto sin haber ofrecido las explicaciones necesarias.

A esta Comisión ordinaria, que ha acordado retirar el dictamen, ha sucedido otra de carácter extraordinario, la que pidió el PSOE para analizar precisamente el caso del Paseo de la Navidad, donde las explicaciones han sido igualmente insuficientes y, en la que, el Gobierno municipal del PP ha negado la presencia de los técnicos municipales.

El PP no ha querido en ningún momento informar sobre las consecuencias del informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que confirmó las irregularidades denunciadas por el PSOE; lo que demuestra que su único propósito es dar carpetazo al asunto a hurtadillas, pasando por alto aspectos muy graves, como la adjudicación “a dedo” de la organización del mercado o que el Ayuntamiento haya asumido gastos que no le correspondían, en contra de los informes técnicos.

El Gobierno de Mazarías del PP ha negado que comparecieran los técnicos municipales que informaron del expediente y que, recordemos, avisaron que la electricidad correspondía pagarla al empresario y no al Ayuntamiento; o que la seguridad del Paseo de la Navidad en el Paseo del Salón debía ser contratada por el empresario; una actuación que terminñk por asumir y pagar las arcas municipales, pese a que no le correspondía.

No autorizar la presencia de los técnicos no es para proteger a los funcionarios, como falsamente afirma el PP, sino para proteger al propio equipo de Gobierno y al alcalde Mazarías, pues volvería a quedar en evidencia que tomaron decisiones en contra del criterio de los técnicos municipales de Vías y Obras, Parques y Jardines y Policía Local.

Esta declaración de nulidad, recordemos, obedece al informe jurídico del Consejo Consultivo de Castilla y León –de 16 páginas y emitido el 19 de abril de 2025-- que consideró “demostrado” que el decreto firmado por el alcalde José Mazarías de 22 de noviembre de 2023 que autorizó el mercadillo navideño “prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, dando la razón a los socialistas. Esta es la máxima decisión que puede adoptar el consejo consultivo, declarando que un acto administrativo no ha existido debido a las irregularidades cometidas.

Al PP no le ha quedado más remedio que reconocer las irregularidades, aunque, de forma sorprendente, su actuación se va a limitar a eso, pues no parece que vaya a mover un dedo para recuperar y reintegrar a las arcas municipales el dinero que pagó sin tener que hacerlo, asumiendo, como hemos dicho, el coste de la electricidad, la seguridad privada, la decoración o el arreglo de las casetas.

Como también ha apuntado el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León existen al menos 22.800 euros en los bolsillos del empresario que deberían estar en las arcas municipales. Y es que el Ayuntamiento pagó, sin tener que hacerlo, 13.349,63 euros por consumos eléctricos y dejó de cobrar otros 9.436,44 euros por la tasa de ocupación de vía pública, tal y como recoge el informe jurídico del organismo, que indica, literalmente, que procede su liquidación y exigencia de acuerdo con las normas tributarias. El PP hace caso omiso de estas consideraciones. ¿Le parece poca cantidad?

A juicio del PSOE esta cantidad, a tenor de las facturas convalidadas, es mucho mayor y rondaría al menos los 60.000 euros.

Si no llega a ser por la acción del PSOE, que promovió una Revisión de Oficio de todas las actuaciones –gracias a este procedimiento, el Consejo Consultivo tuvo que emitir su informe--- ninguna de las irregularidades hubiera salido a la luz y el Gobierno de Mazarías se hubiera quedado de brazos cruzados.

Tan beligerante en la oposición, ahora el PP pretende restar trascendencia al asunto y guardarlo en un cajón, poner todas las trabas posibles (como así ha hecho) y no asumir ninguna responsabilidad.