UGT reclama a la Consejería de Educación una mesa de negociación que desarrolle la LOSU y los convenios colectivos en las Universidades públicas de Castilla y León

UGT denuncia que las recientes declaraciones realizadas por la consejera en medios sobre la financiación y loa salarios del personal de la universidad “han sido desafortunadas”. En el texto de la Ley Orgánica del Sistema de Universidades, aparece, hasta en 75 ocasiones, el término “comunidades autónomas” aduciendo que las comunidades autónomas tienen que adaptar su normativa a la nueva ley.  

Al respecto, desde UGT, se remarca que la Consejería de Educación de Castilla y León debe tener en cuenta que tanto los convenios colectivos de PDI (personal Docente e Investigador) como de PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) son autonómicos, es decir, que atañen al ámbito de las cuatro universidades, y que no existe un convenio colectivo para cada universidad. 

Por eso, la organización sindical aduce que la inacción de la Consejería, al no haber realizado la adaptación normativa de la LOSU, ha obligado a las universidades públicas de Castilla y León a buscar acuerdos con los sindicatos para poder contratar a los profesores con las nuevas figuras que aparecen en la ley. Eso ha supuesto que cada universidad haya acordado condiciones distintas y “han generado desigualdades muy importantes entre las cuatro universidades”. 

Para solucionarlo, el sindicato reclama una mesa de negociación autonómica, tal y como recoge la ley de universidades de Castilla y León, que “no se ha llevado a cabo por falta de voluntad de la consejería”. Y es que, la falta de convocatoria de la mesa de negociación autonómica de las universidades conlleva que estas “se escuden en la falta de financiación por parte de la Junta de Castilla y León para llegar a acuerdos, convirtiendo esto en un bucle. En otras comunidades autónomas, es el gobierno autonómico el que lidera estas mesas de negociación”. 
Por tanto, desde UGT han manifestado que “el incremento de la financiación transferida a las universidades en los últimos 6 años del que habla la consejera ya incluye la subida salarial a los empleados públicos aprobada por el gobierno central”. En este sentido, cabe destacar que la universidad de Burgos en el año 2025 cuenta con un presupuesto menor que el que tuvo en el año 2024. Asimismo, el sindicato señala que “la Junta concede nuevas titulaciones a las universidades públicas de Castilla y León con plantillas cada vez más reducidas”.