La clase trabajadora frente a la crisis capitalista

Los acontecimientos del pasado 22 de enero en el Parlamento español, con la no aprobación de la Ley Ómnibus y la consecuente caída de numerosas medidas sociales, evidencian los intereses de clase representados por diversos partidos parlamentarios (PP, PNV, JUNTS). Estas decisiones, lejos de beneficiar a la clase obrera, reflejan un sistema político que prioriza otras agendas. Sin embargo, no se puede descargar toda la responsabilidad únicamente sobre estos partidos, ya que el PSOE y SUMAR también comparten culpa. Su soberbia y debilidad parlamentaria les han llevado a perpetuar un juego político basado en negociaciones con fuerzas de derecha, priorizando su supervivencia antes que adoptar políticas verdaderamente favorables para la clase trabajadora. En este contexto, muchas de estas medidas se han ajustado a las directrices marcadas por la Unión Europea, dejando de lado las necesidades reales de la población.

Es llamativo que haya existido un consenso parlamentario entre PSOE, SUMAR, PP, PNV y JUNTS en torno al decreto de reforma de las pensiones, aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y ciertos representantes sindicales. Este decreto contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo durante cinco años más. Estas medidas, en lugar de atender al problema del desempleo juvenil —que afecta al 28,6 % de los jóvenes entre 16 y 24 años, según el INE—, perpetúan una situación laboral precaria e inestable para las nuevas generaciones.

Aunque la no aprobación de la Ley Ómnibus supone un revés, no debe interpretarse como una pérdida de medidas suficientes para la clase trabajadora. Desde el principio, estas propuestas resultaban insuficientes, apenas paliativos. Ejemplo de ello son la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros o el incremento de las pensiones, también en 50 euros mensuales. Estas mejoras, aunque mínimas, se contrarrestaban con el aumento del IVA en artículos de primera necesidad. Ahora, con la caída de otras medidas como las rebajas en transporte público, el bono social eléctrico, las ayudas frente a desahucios, las ayudas a los afectados por la DANA o la falta de incremento en el Ingreso Mínimo Vital, las carencias se tornan aún más evidentes.

La situación exige una respuesta contundente. Es imprescindible convocar una huelga general liderada por sindicatos y apoyada por pensionistas y trabajadores, no solo como protesta por la caída de estas medidas sociales, sino contra un gobierno que, con políticas antiobreras, pretende hacer pagar a la clase trabajadora el coste de la crisis capitalista. Es desde los centros de trabajo donde debe iniciarse este movimiento, extendiéndose a toda la sociedad en defensa de los derechos de las clases populares.

Pensionistas LI