La Guardia Civil investiga a un hombre que fue sorprendido cazando furtivamente en un coto privado

Se procedió a la aprehensión de un rifle y dos visores del cazador, así como del trofeo de caza obtenido.

La Guardia Civil de Segovia ha investigado a un hombre, vecino de Jaén, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la patrulla del Seprona de Coca, comenzaron en el mes de marzo, al intensificar los controles para localizar a cazadores furtivos en los cotos privados de la provincia de Segovia. En el mes de abril, en Pinarejos, se estableció un control selectivo de ocupantes y vehículos, donde el ahora investigado fue sorprendido con una cabeza de corzo, un rifle y dos visores: uno término y otro nocturno, ocultos en el interior del vehículo que conducía.

Todo apuntaba a que había dado muerte a un corzo en un coto de caza de esta provincia. Posteriormente reconoció los hechos y acompañó a los agentes hasta el lugar en el que se abatió a la pieza, donde los miembros del Seprona encontraron el cadáver del animal con un disparo en el estómago.

Los perjudicados presentaron denuncia, y negaron haberle concedido el permiso y los precintos necesarios para realizar la actividad de la caza en su coto.

Posteriormente, se pudo comprobar que tanto la cabeza del animal hallada en el interior del vehículo, como el cuerpo, presentaban un mismo perfil genético, por lo que finalmente se procedió a la investigación como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por caza furtiva en un terreno cinegético privado sin consentimiento de su titular.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Segovia.

Recuerde: que en Castilla y León hay terrenos no cinegéticos en los que la actividad de caza está prohibida (vedados, suelos urbano y zonas de seguridad como carreteras, caminos, jardines, etc.). En el resto de terrenos, donde está permitido el ejercicio cinegético, es imprescindible contar con el permiso de su titular. El incumplimiento de esta obligación está tipificado como un delito castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.