UGT asegura que la jornada de 35 horas es “una devolución de derechos” y no una concesión de Carnero al personal de la Administración Pública

UGT ha explicado en rueda de prensa las implicaciones de la implantación de las 35 horas en los distintos sectores de la Administración Pública como la educación, los servicios sociales y la sanidad, de la mano de sus secretarios autonómicos sectoriales, Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT- SP Castilla y León, Beatriz García González, secretaria de enseñanza UGT- SP Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, secretario de administración autonómica de UGT- SP Castilla y León y Miguel Holguin Boyano, secretario de sanidad de UGT- SP Castilla y León. 

Y es que, de acuerdo el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, el consejero debería reunirse con los tres sindicatos con representación en la Mesa de negociación, UGT, CCOO y CSIF, para cerrar las condiciones de implementación.  

La primera en intervenir, Beatriz García, secretaria del sector de la enseñanza de UGT, aseguró que los docentes siguen siendo los grandes olvidados por la Junta, ya que los recortes educativos que llevó a cabo Rajoy en 2012 “se han revertido en la mayoría de CCAA del país, pero en Castilla y León, no”. Las medidas adoptadas por aquel entonces provocaron la ampliación de la jornada del profesorado de manera significativa, el aumento del número de alumnos por aula (pasaron de ser una media de 18 alumnos a 25) y la pérdida de derechos de los docentes interinos, que desempeñan la misma función que el resto de los profesores, pero no tienen vacante ni derecho a cobrar las vacaciones estivales. Por eso, García dice haberse sentido sorprendida especialmente por este acuerdo, porque estuvo en la firma anterior de negociación de la recuperación de las 35 horas porque, en esta ocasión, no ha habido ninguna reunión previa y Mañueco lleva insistiendo desde el comienzo de la legislatura en la imposibilidad de implementar esta jornada “por falta de dinero”. Además, “en educación”, de acuerdo con la secretaria del sector, “ya se están negociando los cupos del próximo curso y, o se ponen las pilas, o este sector quedará excluido de nuevo de este anuncio preelectoral de recuperación de derechos perdidos”.

El siguiente en intervenir, Miguel Holguín se mostró sorprendido por el anuncio, tras haberse aprobado unos presupuestos que no llevan incorporada ninguna partida para poder recuperar la jornada de 35 horas. Y es que, “este tema entra únicamente en campaña electoral. Surgió también en 2019 y estamos ahora esperando a que se inicien las negociaciones”.

Cabe destacar que la implementación de las 35 horas en el sector sanitario conlleva varios problemas de coste económico y de necesidades de recursos humanos. Según los datos recogidos por SACYL en su portal de transparencia, actualmente, hay más de 33 000 trabajadores del sector a los que les afectaría, de estos,  una cuarta parte corresponden a atención primaria, un 73% a atención hospitalaria y menos de un uno por ciento a emergencias. Si descontamos a los trabajadores de turnos de guardias con jornadas al margen de las 35 horas o con jornadas especiales, esta jornada de 35 horas afectaría a 22 000 trabajadores que dejarían de hacer en torno a 110 horas mensuales. Si esto lo trasladamos a la jornada media de 1470 horas, necesitaríamos cerca de 1600 trabajadores para cubrir esas horas que se reducen de jornada en las diferentes categorías para seguir dando una atención de calidad. Con la ampliación de la jornada de 2012, el consejero por aquel entonces anunció un ahorro de 14 millones de euros. A día de hoy, sin embargo, se habla de 40 millones de euros para pagar estas peonadas por lo que, según Holguín, “no ha habido nunca claridad en este sentido”. No se pueden compensar con días libres, se deben repercutir en aumentar las plantillas y la cuantía debe ser clara y bien explicada por Carriedo, pero va a haber problemas en aumentar el personal especialista, sobre todo en enfermería. En este sentido, para el secretario de sanidad de UGT, “recuperar las 35h no supone trabajar menos, sino recuperar las plantillas que había hace 10 años y recuperar una calidad de servicio que, por desgracia, actualmente no podemos alcanzar por los recortes y la cerrazón del Gobierno autonómico”.  

Por su parte, el secretario de Administración autonómica, Carlos Arenas, explicó que la Administración general abarca prácticamente un tercio de los empleados de la Administración Pública. Es decir, en torno a 85 000 trabajadores en total. De estos, donde pueden presentarse más problemas de recursos es en aquellos ámbitos donde los servicios implican turnicidad y guardias: operativo de incendios (2000 trabajadores aproximadamente) y servicios sociales (5500 trabajadores aproximadamente). En estos sectores, de hecho, “la única posibilidad”, para Arenas, es ampliar la plantilla para cubrir esas horas semanales, pero sabemos que la JCyL va a tratar de “compensar con días libres el exceso de jornada”. Según el sindicato, la Junta debería sacar a oferta pública las plazas que se requieren para hacer esta cobertura, pero la Administración, pese a la oposición rotunda del sindicato, se niega sistemáticamente a hacerlo. 

Para concluir, Tomás Pérez aseguró que  desde UGT se celebra esa decisión, “pero se han creado muchas expectativas y hay poco tiempo, ya que hay sectores, como educación, que ya deberían tener ampliadas sus plantillas. Si esto va en serio, hay que hacerlo ya”. También tuvo palabras contra las declaraciones del consejero Carriedo al respecto de la sanidad: “la atención primaria nunca puede ser privada y no se puede relacionar el anuncio de las jornadas de 35 horas con la privatización de los servicios ante la falta de personal suficiente. Hay que ampliarlo desde la Administración Pública”.