La Subdelegación del Gobierno ofrece una jornada formativa sobre recursos que la AGE pone a disposición de las víctimas de violencia de género

La sesión está dirigida a profesionales de Servicios Sociales municipales y provinciales, de oficinas de asistencia a víctimas, sección Mujer, agentes de igualdad y de unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Más de 30 profesionales acuden a esta jornada, que tiene el objetivo de actualizar los conocimientos sobre los recursos que se prestan a las víctimas de violencia de género por la Oficina de Extranjería, el SEPE y el INSS.

La Subdelegación de Gobierno ha ofrecido hoy una jornada formativa sobre recursos que la Administración General del Estado (AGE) pone a disposición de las víctimas de violencia de género.

 

La sesión estaba dirigida a profesionales de Servicios Sociales municipales y provinciales, de oficinas de asistencia a víctimas, sección Mujer, agentes de igualdad y de unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Más de 30 profesionales han acudido a esta jornada, que tenía el objetivo de actualizar los conocimientos sobre los recursos que se prestan a las víctimas de violencia de género por la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

 

La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, quien ha inaugurado la sesión, resaltó “los recursos que la AGE ofrece a las víctimas de violencia de género y sus hijos, para proteger en todo lo posible a estas mujeres que sufren esta lacra social, la mayor forma de desigualdad entre el hombre y la mujer, que entre todos debemos erradicar”.

 

La jornada ha sido clausurada por la coordinadora de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de Castilla y León, Rocío López.

 

 

PROGRAMA

 

La jornada, que se ha celebrado en la Sala de Usos Múltiples de la Subdelegación, ha comenzado con la intervención de la jefa de la Oficina de Extranjería, Ana María Gil, quien ha explicado los procedimientos para la regularización de la situación administrativa de las mujeres migrantes víctimas de violencia, así como los principales trámites gestionados por este departamento:

 

  • Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por ser víctima de violencia de género: autorización provisional, autorización definitiva y autorizaciones vinculadas a sus hijos e hijas.
  • Autorizaciones de residencia para víctimas de trata de seres humanos.

 

A continuación, la técnica del SEPE en Cuéllar, Ana Isabel Núñez, ha informado sobre las prestaciones y ayudas vinculadas a la actividad laboral y el papel del Servicio de Público de Empleo Estatal:

 

  • Renta activa de inserción (RAI) para víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas mayores de 16 años.
  • Peculiaridades en el acceso a la prestación por desempleo de las víctimas por violencia de género.

 

Por su parte, el director provincial del INSS, Miguel Ángel Cabo, ha enumerado las prestaciones en el ámbito de las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social:

 

  • Pensión de jubilación anticipada de mujeres víctimas de violencia de género.
  • Pensión de viudedad para mujeres separadas o divorciadas víctimas de violencia de género.
  • Prestaciones de orfandad para hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.

 

En la provincia, se registraron 373 denuncias por violencia de género entre enero y septiembre del año pasado. Con fecha de 31 de enero pasado, 79 mujeres eran usuarias en Segovia del Servicio telefónico de atención y protección para las víctimas de violencia de género ATEMPRO y nueve requerían del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de medidas y penas de alejamiento. Con esa misma fecha el número de casos activos sumaba los 256 y 226 eran las mujeres con protección policial.

 

El Gobierno de España ha asignado a Castilla y León para este año 8,4 millones de euros para distintos programas para servicios y apoyo a las víctimas de violencia contra la mujer y más de 15 millones para el Plan Corresponsables. Estas asignaciones repercutirán en los programas y acciones tanto de la Comunidad Autónoma, como provinciales y municipales.

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