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SegoviaDirecto.com / Aarón Misis
Viernes, 6 de julio de 2018
PERO SE NEGÓ A DAR DETALLES

Virginia Barcones, delegada del Gobierno, sobre la Operación Enredadera: “Hay ramificaciones en Castilla y León”

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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, sobre la Operación Enredadera, aseguró que “es una operación a nivel nacional que está desarrollando la UDEF, que tiene una ramificación en Castilla y León”, pero se negó a ofrecer más detalles. “Me permitirán que sea cauta, porque por una parte es una operación que está en marcha y además hay secreto de actuaciones”, dijo. Barcones hizo estas declaraciones tras la toma de posesión de la delegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín. (Ver adjuntos los discursos de delegada y subdelegada)

La Operación Enredadera investiga delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

 

Al frente de la investigación conocida como “la trama de los semáforos”, se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ha ordenado 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

 


Por el momento, el juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario de Castilla y León José Luis Ulibarri, también investigado dentro de la trama Gürtel, y otra persona por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios. Los otros tres que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

 

El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

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