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Miércoles, 7 de marzo de 2018
EL TOPILLO DE CASTILLA Y LEÓN, EN EL BLOG DE PEDRO VICENTE

Caja España: Un archivo de aurora boreal

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A estas alturas de la película “El topillo” empieza a estar curado de espanto y no se va a declarar sorprendido por ninguna resolución judicial, por estrafalaria, estrambótica y contraria al sentido común que la misma le parezca. Pero el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de León, Fernando Muñíz, declarando el sobreseimiento y archivo del caso “Caja España” o “Santos Llamas” es como poco para hacérselo mirar.

 

De entrada, porque las primeros sorprendidos han sido las propias partes personadas en la causa, toda vez que, después de la declaración judicial de 13 de los 14 ex consejeros de Caja España investigados (la del ex presidente de la Diputación de Zamora y actual coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quedó aparcada a causa de su condición de aforado), únicamente uno de ellos continuaba alegando la prescripción del delito de administración desleal imputado.

 

Sin embargo, el juez Muñiz, actuando como sustituto de la titular del Juzgado de Instrucción nº 5, Rocío Boñar, que se encuentra de baja, ha apreciado una prescripción que de hecho ya había sido desestimada por la Audiencia Provincial de León en enero de 2017. De ahí la sorpresa casi general que produjo el auto de archivo conocido ayer, que naturalmente va a ser recurrido ante la Audiencia por la acusación particular que ejercen Izquierda Unida y Ecologistas en Acción.

 

Y es para hacérselo mirar porque el juez, sin entrar en el fondo del asunto, fundamenta su resolución en el hecho de que transcurrieron más de 5 años entre la reunión del Consejo de Administración (8 de enero de 2009) que acordó refinanciar los multimillonarios créditos del entonces presidente de Caja España, Santos Llamas, y el auto de imputación de los 14 ex consejeros, dictado por la juez Boñar en abríl de 2015.

 

De tener fundamento la prescripción, ello sería de aurora boreal, ya que la denuncia original que da lugar a las diligencias fue presentada por IU ante la fiscalía del TSJ el 15 de noviembre de 2011, transcurriendo año y medio (junio 2013) hasta que el Juzgado nº 5, previa denuncia del fiscal-jefe de León, abrió diligencias, y casi otros dos años más hasta que la juez imputó el presunto delito de administración desleal a los 14 ex consejeros. Con lo cual dicha prescripción obedecería lisa y llanamente a una manifiesta, si es que no dolosa, negligencia judicial. Como de aurora boreal resulta que la Justicia haya tardado casi tres años en apreciarla.

 

El primer beneficiario del auto de archivo no es otro que Martínez Maillo, quien, a expensas de lo que resuelva la Audiencia Provincial sobre los recursos de reforma anunciados por la acusación, de momento se libra de ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo, competente en lo que a él respecta debido a su actual condición de diputado del Congreso.

 

Sin embargo, el que ayer lanzó prematura y torpemente las campanas al vuelo fue el procurador socialista por León Óscar Álvarez, representante de su grupo en la comisión de investigación constituida en las Cortes sobre el expolio de las Cajas. En comandita con el PP, el PSOE de Castilla y León no ha tenido ningún rubor al tratar de vaciar de contenido dicha comisión, vetando la mayor parte de las comparecencias propuestas por Podemos, Ciudadanos e IU.

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