Carta Abierta al Fiscal de Segovia

"El pasado 31 de enero el Norte de Castilla publicaba una entrevista con D. Antonio Silva, fiscal provincial de Segovia y al que dirigimos esta carta abierta. En dicha entrevista reitera su posición en el asunto de las prejubilaciones de Caja Segovia, asunto que está en los juzgados desde que la antigua UPyD lo denunciara ya en el año 2011. Para el representante del ministerio público en Segovia, los casi 34 millones de € repartidos entre los ex directivos de la entidad es un asunto ‘reprobable desde el punto de vista moral’, pero ‘no hay concurrencia de elementos objetivos ni subjetivos que califiquen de delito penal la conducta de los ex directivos’. Así lo ha mantenido desde el principio y es curiosa la casi coincidencia con lo que ha manifestado reiteradamente también el abogado defensor del expresidente de la Caja, en el sentido de que ‘unas prejubilaciones jugosas generan envidia pero no significa que sean ilegales’.

La novedad en las declaraciones del Sr. Silva y que han provocado cierto revuelo, es su afirmación de que la decisión de la Jueza del juzgado de instrucción nº 2 de abrir juicio oral a 11 personas entre ex directivos y exconsejeros de la extinta Caja Segovia, se debe a presiones externas que pueden conducir a ‘que un juez determinado, en una situación determinada acoja la tesis de la acusación popular’.

Han pasado unos días y todavía nos cuesta asumir que usted, Sr. Silva, representante del Ministerio Público en nuestra provincia haya dicho lo que está escrito.

Queremos señalar, en primer lugar, que desde aquella manifestación que tuvo lugar delante de la sede principal de la antigua Caja, allá por el año 2012, denunciando lo que entonces se veía como un saqueo, no ha existido, y bien que lo lamentamos, acción social alguna en la calle ni en los medios de comunicación que pueda justificar lo más mínimo sus palabras. Por eso deberá usted explicar a qué presión social se refiere, que debe ser tremenda, pues ha servido, nada menos, que para que una jueza tome una decisión tan transcendental. Como ciudadanos reclamamos esa aclaración y nuestro grupo especialmente. Como sucesores de UPyD, cuya denuncia inició el proceso hace más de 6 años, tenemos derecho a conocer qué presiones han hecho que una jueza se haya decantado, alegremente, por la tesis de la acusación popular. Una acusación por otra parte que Vd. siempre ha despreciado: hemos seguido atentamente sus intervenciones en el caso y siempre ha repetido lo mismo, sin entrar en detalles sobre las acusaciones y el posible valor de las pruebas presentadas.

Y sobre este asunto de las acusaciones y las pruebas, es de lo que queremos hablar en segundo lugar. Nos produce una profunda pena y tristeza que la persona a la que Estado español ha concedido el honor y privilegio de defender a la sociedad ejerciendo el Ministerio Público, relacione la apertura del caso con presiones externas y no haya entrado en ningún caso a valorar y explicar a la ciudadanía el auto de la Audiencia provincial del 27 de enero de 2017, firmado por su presidente como ponente y por dos magistrados más, en el que se decide reiniciar el caso. Nos interesa mucho saber por qué el contenido de este auto ni siquiera le condujo a Vd., al menos a tener una duda razonable sobre la actuación de los ahora sometidos a juicio.

Por si no ha leído el auto referenciado, (cosa más que probable, perdónenos), en él la Audiencia ordena reabrir el caso después de que en junio de 2016, el juzgado nº 2 hubiera ordenado su sobreseimiento por la ‘atipicidad penal de los hechos denunciados’. Hemos vuelto a leer el auto (se puede acceder él en nuestra página web https://www.centradosensegovia.es/caso-caja-segovia/). Tiene 29 páginas y los firmantes se lo han ‘currado’. A partir de la página 12 y utilizando nuestra Legislación española y la Comunitaria, la Audiencia rebate los tres argumentos que habían justificado el sobreseimiento y, desde nuestro modesto punto de vista, deja claro que existe una duda razonable de la actuación delictiva por parte de los ahora encausados: los resultados económicos de la Caja el año 2010, los cambios en las condiciones de prejubilación de los ex directivos, la situación y actuación de los órganos colegiados, entre otros temas, son analizados con sumo detalle y tres magistrados, tres, deciden que hay motivos para reabrir el procedimiento.

Y Vd. sigue dándole vueltas a lo legal y lo ético. Pues nos parece procedente decirle que de las reflexiones del ponente en el citado auto, puede usted sacar alguna conclusión interesante sobre ese dilema entre lo ético y lo legal que parece obsesionarle. Y también dejar de una vez aparcado el argumento tantas veces esgrimido por su fiscalía (creemos que el único, en estos casi 7 años), en relación con la documentación aportada por el Banco de España y el FROB que justificaría… todo.

Está claro, D. Antonio, que ha sido este auto de la Audiencia y no la (inexistente) presión externa lo que ha guiado la decisión de la jueza. Parece evidente que debemos exigir una aclaración al respecto.

Hablando de actuaciones externas relacionadas con el caso, nuestro grupo ha escrito un par de artículos que han publicado algunos medios locales. En el publicado el lunes 17 de abril de 2017 y titulado La fiscalía y el caso Caja Segovia (se puede acceder a él en nuestra página web: (www.centradosensegovia.es/caso-caja-segovia) se tiene en cuenta, entre otras cuestiones, el informe pericial que nuestro grupo encargó y que se ha aportado a los autos para justificar la existencia de dudas razonables sobre:

- la contabilidad presentada por la Caja. Afirmamos que en 2010 la Caja perdió 230 M€, nada que ver, obviamente con los 16 M€ que presenta como beneficio en su balance. Y en esas condiciones se reparten 34 M€.

- la existencia de dos pólizas, ambas suman más de 15 M€ de muy dudosa aprobación. Una de ellas ‘engordada’ para un par de ex directivos ya en pleno año 2011.

- el sospechoso y nada leal cambio en las condiciones de prejubilación según la crisis iba avanzando.

- las actas ‘vergonzosas’ de las reuniones de los órganos colegiados el 22 de diciembre, fecha en que se aprobó el gran reparto.

- los 27 M€ que salieron de la entidad el 31 de diciembre de 2010 a las 13,14 h de la mañana. Era un viernes.

¿Y de verdad mantiene usted su reflexión de que se trata de una acción popular que se ejercita por estar de moda, y que se pone en marcha cada vez que se “reúnen cuatro amiguetes” y deciden hacerlo? ¿Y entiende usted que la jueza no habrá valorado la verdad de lo que consta en las actuaciones? ¿A qué reunión de cuatro amiguetes se refiere usted?

Toda la información en que se basan nuestras sospechas de una actuación irregular de los directivos, están en el juzgado y algunas han sido remitidas desde esa fiscalía. Tal vez esa información también haya ayudado a la juez a tomar su decisión. ¿La ha leído Vd, D. Antonio? Si lo ha hecho y sigue manteniendo que no existe una duda razonable en la actuación de los ahora encausados, debe molestarse un poco y explicar a los ciudadanos -pero con datos, cifras y leyes- su postura; no con escuetos comunicados, ya no de 29 páginas, sino de ni siquiera 29 líneas. De no hacerlo así, esta carta debe servir para solicitar su relevo en este caso, pues por razones que se nos escapan no le vemos capacitado para una actuación objetiva que responda a la exigencia que nuestra Legislación otorga al Ministerio fiscal en casos como el que nos ocupa. Y no es un caso baladí. Los ciudadanos de Segovia tenemos que exigir cuentas de la conducta de las personas que llevaron a la entidad Caja Segovia a la ruina y a la vez se llevaron una suma tan desorbitada de dinero.

Aunque una ojeada a la mesa de su despacho, que sale en la foto que acompaña al artículo publicado en el Norte, nos hace temer que no va tener Vd. tiempo: ¡Cuántos papeles! ¡qué carga de trabajo!".

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