El Estado concedió una subvención de alrededor de 1 millón de euros y un préstamo de más de 9 millones con unas condiciones que el Consistorio incumplió. Ahora el Juzgado ha desestimado un pago fraccionado de la devolución.

Alrededor de 11 millones de euros son los que el Ayuntamiento ha debido abonar, 'de un tirón', al Estado, después de que el Consistorio incumpliese las condiciones que la Administración puso para la concesión de una subvención de más de un millón de euros y un préstamo de alrededor de 9 para la construcción del edificio CIDE del CAT. Aunque el Ayuntamiento había presentado un recurso solicitando el abono fraccionado y reducido de la devolución de la ayuda, finalmente y según ha confirmado esta mañana la alcaldesa, Clara Luquero, el juez ha desestimado el recurso y obliga al Consistorio a proceder a una devolución que, en palabras de Luquero "ya está pagada, porque el último pago de todo está en Tesorería".

"Hemos tenido la suerte de contar con recursos para poderlo devolver; no muchos ayuntamientos habrían estado en disposición de hacerlo así, sin más. El Ayuntamiento está en unas condiciones saneadas y nos lo hemos podido permitir", apuntaba Luquero, antes de añadir que "no era lo que había planificado esta institución; el Ayuntamiento intentó lo que era lo más sensato". La alcaldesa justifica el incumplimiento de contrato argumentando la quiebra de la empresa Volconsa, constructora del edificio, que en pleno proceso presentó suspensión de pagos.

El proyecto se puso en marcha durante el mandato de Pedro Arahuetes
Luquero volvía la mirada atrás a la época de "el anterior alcalde" y señalaba que en aquel momento se consideró lo más oportuno no retirar la obra a la empresa, "ya que le habría puesto en una situación de mayor debilidad y sólo habría supuesto más retrasos en la ejecución, porque la rescisión del contrato significaba iniciar un nuevo procedimiento administrativo". Esto, dice, habría supuesto un incumplimiento del plazo "claro y rotundo desde el minuto uno". Además, según Luquero, una vez conocida la noticia de la situación de Volconsa, Pedro Arahuetes habría intentado, sin resultado, ponerse en contacto con el secretario de Estado de Telecomunicaciones "por teléfono, vía escrita... en cien ocasiones para poner al corriente al Ministerio de lo que estaba sucediendo".

De cualquier manera al Consistorio, que pedía en el recurso "proporcionalidad" para devolver la parte no ejecutada de la ayuda, no le han servido las excusas ni los argumentos y el Juzgado ha dado la razón a la Administración Central, a pesar de la insistencia de Clara Luquero en afirmar que desde el Ayuntamiento de Segovia se ha demostrado "buena volutad, porque se procedió a la tramitación de la devolución de la parte de la ayuda no ejecutada" y también porque se habría ejecutado una parte para cumplir el fin de la ayuda, algo que según la alcaldesa, "no ha sucedido en otros ayuntamientos de España, donde han destinado estos recursos del Plan Avanza a otras inversiones".